El juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y coordinador del proyecto de implementación del monitoreo a través de localizador electrónico como medida de coerción, magistrado Alejandro Moscoso Segarra, recibió de manos de Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), la propuesta de un reglamento que establece el procedimiento para la imposición de los localizadores electrónicos como medida cautelar.
El magistrado Moscoso Segarra destacó lo oportuno de la propuesta de “Reglamento para la imposición de la medida de coerción consistente en la colocación de localizadores electrónicos”.
Manifestó que una comisión se encargará de analizar la propuesta para su posterior presentación al Pleno de la SCJ.
La propuesta de reglamento es el resultado de una ardua labor de investigación del OJD-Funglode acerca de las alternativas a la imposición de la prisión preventiva en América Latina. También ha sido motivada por el hecho de que han transcurrido 11 años desde el inicio de la implementación del Código Procesal Penal, el 27 de septiembre de 2004, sin que se dieran las condiciones para que los jueces y juezas del país consideraran la colocación de localizadores electrónicos como medida de coerción, de conformidad con el artículo 226 ordinal 5 del referido código.
El director del OJD-Funglode indicó durante la entrega del documento que además del desarrollo de las capacidades locales para la colocación del dispositivo y la prestación de los servicios de monitoreo, “es indispensable contar con un reglamento que establezca el procedimiento a seguir y trace las pautas para valorar la razonabilidad de someter a una persona al monitoreo electrónico, sin coartar ni lesionar su dignidad, su integridad física y sus derechos fundamentales”.
Con esta propuesta el OJD-Funglode ratifica el compromiso de realizar los esfuerzos que sean necesarios para promover el desarrollo de las políticas públicas judiciales en beneficio de la sociedad dominicana.
Contenido de la propuesta del OJD
El director del OJD-Funglode indicó durante la entrega del documento que además del desarrollo de las capacidades locales para la colocación del dispositivo y la prestación de los servicios de monitoreo, “es indispensable contar con un reglamento que establezca el procedimiento a seguir y trace las pautas para valorar la razonabilidad de someter a una persona al monitoreo electrónico, sin coartar ni lesionar su dignidad, su integridad física y sus derechos fundamentales”.
Con esta propuesta el OJD-Funglode ratifica el compromiso de realizar los esfuerzos que sean necesarios para promover el desarrollo de las políticas públicas judiciales en beneficio de la sociedad dominicana.
Contenido de la propuesta del OJD
La propuesta ha sido elaborada observando las disposiciones de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado dominicano, referentes a las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso, tales como: la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokyo), entre otros. También, se contemplaron las leyes nacionales y los reglamentos dictados por la Suprema Corte de Justicia relativos a las medidas de coerción.
En el reglamento sugerido se define la competencia para el conocimiento y la imposición de la medida, las circunstancias y las condiciones en las que procede aplicarla, el procedimiento a seguir, las precisiones espaciales y temporales para determinar su radio de acción, los límites al desplazamiento, los derechos del monitoreado, así como los tipos de restricción electrónica. También las alertas en sus distintos niveles, las consecuencias a la inobservancia de las advertencias
En el reglamento sugerido se define la competencia para el conocimiento y la imposición de la medida, las circunstancias y las condiciones en las que procede aplicarla, el procedimiento a seguir, las precisiones espaciales y temporales para determinar su radio de acción, los límites al desplazamiento, los derechos del monitoreado, así como los tipos de restricción electrónica. También las alertas en sus distintos niveles, las consecuencias a la inobservancia de las advertencias
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