Será este miércoles, a las 4:00 de la tarde, cuando el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, dará el fallo sobre la petición de imposición de medidas de coerción a 13 de los 14 imputados en el caso Odebrecht, luego de 14 horas de audiencia.
Mientras que las barras de la defensa coincidieron en solicitar al juez que rechace la solicitud de medida de coerción y pidieron que los que guardan prisión sean libertados de forma pura y simple y que de forma subsidiaria que se les imponga una garantía económica, impedimento de salida o presentación periódica.
En el caso de los legisladores, que gozan de inmunidad parlamentaria, sus abogados pidieron que se declare inadmisible la medida de coerción teniendo en cuenta el alcance y límite de la inmunidad de la que gozan, amparada en la Constitución.
El Ministerio Público solicitó como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados, a ser cumplidos en Najayo, salvo a Rondón, para quien se pidió que fuera en la Penitenciaría de La Victoria.
Al grupo de los 13 implicados se les atribuye los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó una infografía en la que incluye los supuestos mecanismos empleados en el proceso de sobornos.
Admitió respecto al imputado Rodríguez que producto de un error mecanográfico se le atribuyó hacer dos depósitos consecutivos de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de un millón. El juez hizo constar el error admitido en acta.
El Ministerio Público señaló que en lo adelante le corresponde seguir con su papel de órgano persecutor del crimen, profundizando la investigación y probando en un juicio de fondo la culpabilidad de cada uno de estos imputados hasta ahora, quienes deberán demostrar ante los tribunales su presunta inocencia de las referencias específicas de sus nombres en los documentos aportados por Odebrecht y las autoridades de Brasil, así como también, en los hallazgos detectados durante las pesquisas realizadas en el país.
Los incidentes
El primer incidente fue planteado por la defensa de Alfredo Pacheco, encabezada por el abogado Napoleón Estévez, quien solicitó que se rechace la solicitud de prisión preventiva, ya que el imputado no representa peligro de fuga. A ese pedimento se adhirió la defensa de Tommy Galán, representada por el abogado Guarionex Ventura.
El Ministerio Público pidió que se rechace por no ser violatorio a la Constitución de la República.
El juez decidió acumular el incidente para fallarlo conjuntamente con el fondo.
A lo largo del proceso, el juez Ortega Polanco se mantuvo advirtiendo al Ministerio Público que se trataba de una medida de coerción y no de una audiencia preliminar ni apertura a juicio.
“No se pueden desplegar las pruebas porque pueden afectar otras partes del proceso”, afirmó al tiempo de señalar que era preciso ser lo más puntuales, sin desmedro de sus derechos.
El Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra implicados en el caso Odebrecht.
El Ministerio Público pidió, que los imputados sean enviados a la cárcel pública del nuevo modelo Najayo, con excepción del empresario Ángel Rondón, contra quien pidió que sea llevado a la cárcel La Victoria.
Por disposición del Poder Judicial, la continuación de la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra 14 involucrados en el caso Odebrecht, no fue en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sino en la Segunda Sala Penal de la alta corte, situada en la sexta planta de la institución.
La audiencia fue convocada para las 10:00 de la mañana, por el juez de instrucción especial Francisco Ortega.
El cambio de escenario habría sido decidido con el fin de “preservar la solemnidad” de la Sala Augusta, reservada para actos especiales del Poder Judicial.
Diez de los imputados de supuestamente beneficiarse con los US$92 millones de sobornos pagados por el consorcio brasileño en el país, se encuentran bajo arresto desde el pasado lunes en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Radhamés Segura, César Sánchez, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, Ruddy González, Máximo D´Oleo Ramírez y Conrado Pittaluga.
Pendientes de que sean despojados de su inmunidad parlamentaria están los senadores Tommy galán y Julio César Valentín, y el diputado Alfredo Pacheco. También hay orden de arresto contra Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá.
Expectativas. La “prestancia” de los imputados ha divido a la sociedad sobre el tipo de medidas coercitivas que se les debe imponer.
Muchos respaldan al Ministerio Público que en su instancia solicitó al juez 18 meses de prisión preventiva dada “la gravedad de los hechos” que se le imputan al grupo; otros consideran que tienen arraigo suficiente para que se les dicte arresto domiciliario; y un tercer sector, incluidos sus abogados, que abogan por su libertad.
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