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El sector farmacéutico expresa preocupación por los casos de falsificación de medicamentos

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), la Asociación de Industria Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) y la Asociación Farmacéutica Dominicana plantean su extrema preocupación respecto a la situación de las falsificaciones de medicamentos en el país.

Las instituciones indicadas deploran la desidia exhibida por las autoridades en asumir el tema como un propósito institucional serio y constante, actitud que ha contribuido a la multiplicación de los focos en los cuales se ha concentrado esta práctica criminal.

En el caso puntual de las falsificaciones de las vacunas para prevención y tratamiento del tétanos, los productores, importadores y profesionales del área farmacéutica califican como insuficientes y poco diligentes las actuaciones presentadas por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y por la Dirección General de Drogas y Farmacias. Resulta injustificable el hecho de que hayan pasado semanas desde que se detectara el fallecimiento de las víctimas del producto hasta que finalmente se empezaran a ejecutar medidas puntuales para proteger a la población.

El caso en cuestión evidencia una situación que el sector privado y profesional farmacéutico viene advirtiendo desde hace años: la falsificación de medicamentos constituye un crimen de gran peligro que amenaza directamente la vida y salud de los dominicanos. Lamentablemente, el saldo fatal de este incidente confirma las reiteradas e infructuosas advertencias que han sido presentadas a las autoridades de salud.

La actitud de la Dirección de Drogas y Farmacias contribuye directamente con la propagación de esta práctica criminal, ya que además de su poca o inexistente presteza, ha autorizado la incorporación de decenas de distribuidoras “fantasmas”, que a pesar de no tener estructura ni operaciones, mantienen el permiso otorgado por esta institución. A esto se suma la ausencia de sometimientos y clausuras de establecimientos en los casos denunciados y, sobre todo, una ausencia de voluntad política desde SESPAS y la Dirección de Drogas y Farmacias para resolver el problema de los mercados ilegales, como el caso de Moca en la provincia Espaillat.

De conformidad al numeral 8 del artículo 156 de la Ley General de Salud 42-01, modificada por la Ley 22-06, se castigará con sanción de 2 a 10 años de prisión la fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento y/o comercialización de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, re-etiquetados, contrabandeados y sin registro sanitario vigente. No obstante, las empresas y profesionales farmacéuticos denuncian que la SESPAS no ha procurado la aplicación de estas sanciones, a pesar de múltiples denuncias.

ARAPF, INFADOMI y la Asociación Farmacéutica Dominicana demandan que el Secretario de Salud Pública y la Directora de Drogas y Farmacias ofrezcan al país una estrategia real y efectiva que permita la erradicación de las prácticas de falsificación y venta irregular de medicamentos, para evitar la repetición del fatal incidente.

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