Problematicas del sector farmacéutico dominicano
El sector privado farmacéutico del país, representado por la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), Unión de Farmacias y Asociación Farmacéutica Dominicana, entidades que aglutinan las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos, farmacias y profesionales del área farmacéutica, reiteran la grave situación en la que se encuentra el sector farmacéutico, a la vez que denuncian la incapacidad de las autoridades de salud para ofrecer soluciones a los múltiples problemas.
Dicen que el crecimiento y competitividad del sector farmacéutico se encuentra limitado y obstaculizado por las limitaciones derivadas de los trámites regulatorios de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y de la Dirección General de Drogas y Farmacias, entidades encabezadas por el Dr. Bautista Rojas Gómez y la Lic. María Villa de Pina, respectivamente.
El sector denuncia que las autoridades no han dado respuesta de cómo enfrentar la problemática presentada respecto a las más de dos mil solicitudes de registros sanitarios que se encuentran pendientes en dicho organismo, sin contar los crecientes retrasos en los procesos de renovación. Para que un medicamento pueda ser comercializado o dispensado de cualquier forma, tiene que contar con su registro sanitario al día. La Ley General de Salud impone un plazo de 90 días a las autoridades para el otorgamiento de los registros sanitarios. Desde hace más de un año, esto no se ha cumplido.
Las dificultades derivadas de la falta de respuesta de la Dirección de Drogas y Farmacias están lesionando peligrosamente la situación del mercado farmacéutico: las exportaciones de medicamentos están obstaculizadas, muchos productos importados están desabastecidos, se ha detenido el lanzamiento de nuevos productos y se están perdiendo licitaciones nacionales en PROMESE y muchas otras a nivel internacional, todo esto sin contar las incalculables pérdidas en oportunidades de mercado.
De mayor gravedad resulta que el organismo rector ha permitido la impunidad de los involucrados en las falsificaciones de gamma globulina humana que ocasionaron la muerte de varias personas a principios de este año, ante la ausencia de sometimientos y la reapertura de los puestos ilegales. Las intervenciones aisladas que se realizaron en ese momento, sólo han estimulado la distribución de medicamentos falsificados, contrabandeados y robados, mientras se puede constatar la reapertura de todos los puestos ilegales en Moca, así como en otros puntos de país. Las autoridades tampoco han investigado ni ofrecido información sobre quiénes introdujeron esos productos en el país.
Las entidades convocantes explican que resulta alarmante que la Directora de Drogas y Farmacias, Lic. María Villa de Pina, haga caso omiso a las denuncias presentadas a esa entidad. Atribuyen el silencio de las autoridades a la imposibilidad de justificar su incapacidad de respuesta eficiente a las empresas del sector privado y de detener los mercados ilegales.
Frente a este escenario, las entidades denuncian que el sector farmacéutico nacional se encuentra al borde de un colapso regulatorio. Las autoridades no logran dar respuesta oportuna a los trámites sanitarios, los mercados irregulares y las falsificaciones crecen de manera rampante y la Dirección de Drogas y Farmacias no tiene control sobre los establecimientos farmacéuticos.
La mejor evidencia de esta es la convocatoria que acaba de realizar la Dirección de Drogas y Farmacias a un “Censo Nacional de Establecimientos Farmacéuticos”, en el cual según su comunicado procurarán recoger datos de establecimientos farmacéuticos respecto a “el número existente a nivel nacional, ubicación y estatus regulatorio”. El sector expresa su alarma de que la Dirección de Drogas y Farmacias tenga que realizar un censo para levantar información sobre los establecimientos farmacéuticos que ellos mismos autorizan y que se supone tiene que supervisar de forma regular. Igualmente, las entidades temen que se trate de un intento de legitimar a los cientos de puestos y establecimientos ilegales que se encuentran distribuidos en todo el país y que no cumplen los estándares sanitarios mínimos. Entienden como altamente preocupante que la Dirección de Drogas y Farmacias se dedique a “censar” en vez de tomar medidas que permitan la aplicación de las sanciones que corresponden.
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