ONGs "aumentar pena adolescentes que delinquen no resuelve el problema"
Un cambio en la Ley 136-03, no resulta ser mejoría ni tranquilidad ante la situación de los/as jóvenes en la República Dominicana.
La Coalición de ONGs por la Infancia reitera su posicionamiento que desde septiembre del año pasado viene haciendo en el sentido de que la entidad entiende que al endurecer el castigo lo que se hace es criminalizar la pobreza y atacar las consecuencias en vez de las causas de la violencia juvenil.
La Coalición de ONGs por la Infancia dice que la experiencia de otros países como El Salvador, Honduras y Guatemala que han recurrido a la mano dura o cero tolerancia para enfrentar la violencia juvenil, han fracasado y dejado muchas consecuencias ya que según revelan las investigaciones de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional (USAID), los delitos cometidos por adolescentes aumentaron en los tres países y la violencia policial creció. Las cárceles se superpoblaron y se hicieron inmanejables y las relaciones entre el Estado y las y los habitantes de las zonas pobres se deterioraron estrepitosamente, lo que generó protestas y disturbios.
En este sentido, la Coalición entiende que más bien se deben atender las debilidades y carencias que el Sistema Político genera en la sociedad, como es el caso del Sistema Educativo Dominicano que está en un lugar muy retrasado entre los de América Latina. Siendo la educación fundamental para el desarrollo humano, el Estado debe ser garante del acceso a la misma y tal como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, el Sistema Educativo Dominicano reproduce el orden de inequidad social, ya que aunque ha mejorado la cobertura, la calidad es todavía deficiente.
De manera, que más que una revisión de la Ley 136-03, sería importante tomar en consideración la preocupación externada por el Comité de los Derechos de las Niñez de la ONU, que recomienda que se adopten las medidas para reestructurar los sistemas judiciales y administrativos según sea necesario en todos los niveles, en particular a nivel provincial, municipal y local. En el mismo orden de las Recomendaciones de la ONU, la Coalición considera importante extender los tribunales especializados en niños, niñas y adolescentes a todo el país.
De esta manera, la coalición de ONGs por la Infancia reitera y reafirma que más endurecer exclusivamente las penas para las personas adolescentes en conflicto con la Ley, como nuevamente ha circulado a través de la prensa en los últimos días, se deberían mejorar las condiciones en todo el Sistema de Administración de Justicia para las personas menores de edad y verificar cuáles aspectos requieren ser completados para el buen funcionamiento del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, se necesita un Reglamento que dé pautas para que los jueces interpreten la Ley teniendo siempre en cuenta el Interés Superior del Niño, según lo señala la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Asimismo, es importante poner atención a las personas adolescentes que se les declare culpables por estos tribunales. Estas personas menores de edad, sí son recuperables para la sociedad, la misión del Estado debe ser favorecer su reintegración a la misma mediante una justicia restaurativa y no vengativa, a través de programas educativos.
El Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene por finalidad garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante la coordinación de políticas y acciones intersectoriales e interinstitucionales para avanzar en el proceso de implementación y dar repuestas a esta y otras problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes dominicanos/as.
La Coalición de ONGs por la Infancia está segura de que el país no avanzará con represión, sino con políticas de intervención, ayudando a las personas menores de edad a desaprender la violencia que el mismo sistema ha propiciado.
Un cambio en la Ley 136-03, no resulta ser mejoría ni tranquilidad ante la situación de los/as jóvenes en la República Dominicana.
La Coalición de ONGs por la Infancia reitera su posicionamiento que desde septiembre del año pasado viene haciendo en el sentido de que la entidad entiende que al endurecer el castigo lo que se hace es criminalizar la pobreza y atacar las consecuencias en vez de las causas de la violencia juvenil.
La Coalición de ONGs por la Infancia dice que la experiencia de otros países como El Salvador, Honduras y Guatemala que han recurrido a la mano dura o cero tolerancia para enfrentar la violencia juvenil, han fracasado y dejado muchas consecuencias ya que según revelan las investigaciones de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional (USAID), los delitos cometidos por adolescentes aumentaron en los tres países y la violencia policial creció. Las cárceles se superpoblaron y se hicieron inmanejables y las relaciones entre el Estado y las y los habitantes de las zonas pobres se deterioraron estrepitosamente, lo que generó protestas y disturbios.
En este sentido, la Coalición entiende que más bien se deben atender las debilidades y carencias que el Sistema Político genera en la sociedad, como es el caso del Sistema Educativo Dominicano que está en un lugar muy retrasado entre los de América Latina. Siendo la educación fundamental para el desarrollo humano, el Estado debe ser garante del acceso a la misma y tal como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, el Sistema Educativo Dominicano reproduce el orden de inequidad social, ya que aunque ha mejorado la cobertura, la calidad es todavía deficiente.
De manera, que más que una revisión de la Ley 136-03, sería importante tomar en consideración la preocupación externada por el Comité de los Derechos de las Niñez de la ONU, que recomienda que se adopten las medidas para reestructurar los sistemas judiciales y administrativos según sea necesario en todos los niveles, en particular a nivel provincial, municipal y local. En el mismo orden de las Recomendaciones de la ONU, la Coalición considera importante extender los tribunales especializados en niños, niñas y adolescentes a todo el país.
De esta manera, la coalición de ONGs por la Infancia reitera y reafirma que más endurecer exclusivamente las penas para las personas adolescentes en conflicto con la Ley, como nuevamente ha circulado a través de la prensa en los últimos días, se deberían mejorar las condiciones en todo el Sistema de Administración de Justicia para las personas menores de edad y verificar cuáles aspectos requieren ser completados para el buen funcionamiento del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, se necesita un Reglamento que dé pautas para que los jueces interpreten la Ley teniendo siempre en cuenta el Interés Superior del Niño, según lo señala la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Asimismo, es importante poner atención a las personas adolescentes que se les declare culpables por estos tribunales. Estas personas menores de edad, sí son recuperables para la sociedad, la misión del Estado debe ser favorecer su reintegración a la misma mediante una justicia restaurativa y no vengativa, a través de programas educativos.
El Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene por finalidad garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante la coordinación de políticas y acciones intersectoriales e interinstitucionales para avanzar en el proceso de implementación y dar repuestas a esta y otras problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes dominicanos/as.
La Coalición de ONGs por la Infancia está segura de que el país no avanzará con represión, sino con políticas de intervención, ayudando a las personas menores de edad a desaprender la violencia que el mismo sistema ha propiciado.
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