El Asesor en Materia de Drogas del Poder Ejecutivo propone la creación de una jurisdicción nacional especial para los casos de droga y narcotráfico.
El asesoren materia de drogas del Poder Ejecutivo, Dr. Marino Vinicio Castillo (Vincho), reveló que en República Dominicana, cerca de 300 mil jóvenes han sido adictos a las drogas, y sostuvo que esto se debe aque, por ventaja territorial, el narcotráfico internacional ha emigrado al Caribe.
“La geografía física nos hace mucho daño, colocándonos en una posición dificilísima; la droga pasaba por aquí, pero ya tenemos un movimiento de cerca de dos millones de contenedores, una estructura de zona franca inmensa, producción agrícola, cinco aeropuertos internacionales. Comenzaron a dejar droga, y desarrollaron un mercado interno que ha generado que entre 250 mil a 300 mil muchachos y muchachas que de una forma u otra han sido tocados por la adicción”, dijo Castillo.
Entrevistado por Víctor Mateo y Harold Modesto, investigadores de las unidades de Políticas Públicas y del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), el Dr. Castillo explicó que con la flotilla de ocho aviones Super Tucanos, adquiridos por el Gobierno en 2009 para la protección del espacio aéreo dominicano contra el narcotráfico, se redujeron a cero los cerca de 400 vuelos registrados entre 2005 y 2008. Sin embargo, agregó que hay otros puntos débiles.
“Ahora tenemos que hacer un esfuerzo nuevo y mayor en la mar y las fronteras terrestres, que siguen siendo muy perforables. Además, está la infiltración de las peores mafias tradicionales, como la rusa, y de carteles agresivos como el de Sinaloa y los Zetas, de México; también infiltración del flagelo en las Fuerzas Armadas, policía, partidos políticos, negocios, banca, el mercado inmobiliario; es un control físico del territorio en áreas muy sensitivas”, expresó.
Informó que el Gobierno implementará nuevas estrategias para reducir el tráfico marítimo de drogas.
“El Gobierno tiene un pacto y está desarrollando la compra de un radar sofisticado a Israel. Se está haciendo el esfuerzo y Estados Unidos, Holanda y Colombia están participando. La idea es adquirir lanchas rápidas, bien dotadas, bien radarizadas, para hacer en la mar lo mismo que se hizo en tierra”, dijo.
Aplicación de leyes y políticas públicas
Respecto a la política criminal del Estado dominicano en materia de drogas y lavado de activos, Castillo consideró que las dos leyes fundamentales sobre esas materias, la 50-88 y la 72-02, son excelentes. “El problema real está en que el entrenamiento de la estructura encargada de desarrollar la persecución y el juzgamiento, ha resultado insuficiente”.
“A veces escucho gente decir que hay que modificar la ley; eso es un disparate. Yo diría que lo que hay que modificar es la mentalidad y las actitudes de sus aplicadores”, agregó.
Indicó que ha propuesto la creación de la Jurisdicción Nacional Especial para atender el problema de la droga y su tráfico.
“He dicho, vamos a espigar veinte jueces, que los tenemos (por suerte), vamos a crear tribunales con jurisdicción nacional, para que los casos de droga y narcotráfico de determinado nivel de gravedad sean conocidos especialmente por ellos, con un procedimiento particular más riguroso. He dicho, vamos a ponerle atención a los problemas de la libertad provisional, porque el crimen de drogas es una trama de ejecución continua, prolongada y trasnacional”, argumentó.
El también presidente de la Comisión de Ética y Combate de la Corrupción, dijo que hay que crear un endurecimiento penal contra el sicariato.
“El sicariato se ha convertido en una industria de la muerte. Hay que crear un endurecimiento penal, que la infracción no sea vista como homicidio, sino como una profesión de la ejecución”, manifestó.
Destacó que actualmente se discute una importante iniciativa de combate contra la corrupción administrativa estatal.
“La Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) es un mecanismo de saneamiento de la gerencia pública. Es una herramienta de permanente averiguación y examen del comportamiento de la administración, en cumplimiento de la convención de las Naciones Unidas”, expresó.
Escrito por: Cinthia Lazala
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