El procurador general de la República, Francisco Domínguez
Brito, integró un equipo de trabajo con el objetivo de responder a las
instrucciones del presidente Danilo
Medina, en el sentido de defender los intereses del Estado en Bahía de Las Águilas.
La integran la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso; el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, el abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya,
y un abogado privado, con
experiencia en materia inmobiliaria, quien asumirá funciones de acusador
adjunto y de Ministerio Público.
El ex procurador General de la República, doctor Abel
Rodríguez del Orbe felicitó ayer la decisión del presidente Danilo Medina de
desestimar el acuerdo transaccional al que había arribado con personas que
poseen títulos de propiedad dentro del área protegida Bahía de las Águilas.
El también ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dijo
que siendo Procurador de la República hizo una investigación, y que los títulos
sobre esa propiedad son nulos y que hace 16 años que están en litis judicial.
Manifestó que en su gestión se le entregaron títulos de
propiedad equivalente al 40 por ciento de las tierras de Bahías de las Águilas.
Expresó que los mismos fueron entregados de manera
voluntaria mediante acto notarial
solicitando que fueran cancelados.
“Esas personas entregaron los títulos de propiedad porque yo
dije que quien no lo entregaba yo lo iba a perseguir penalmente”, tras señalar
que quienes lo entregaban lo dejaban así.
Manifestó que la llamada reforma agraria fue algo falso,
para repartir esos terrenos en una oficina de abogado de esta capital. A quien
le van a repartir tierra si ahí no se produce nada.
El procurador general
adjunto Bolívar Sánchez, dijo que el grupo se ha concentrado en el estudio de
todos los expedientes del caso, mientras avanza en materia penal por la Suprema
Corte de Justicia (SCJ) e inmobiliaria, a cargo del Tribunal de Tierras.
La acción penal por el alegado fraude con los títulos de Bahía
de las Águilas quedó extinguida por la decisión de un tribunal tras más de 15
años de proceso, y dentro de nueve días la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
conocerá un recurso de casación incoado por la Fiscalía del Distrito Nacional
contra esa sentencia.
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del DN declaró el 8 de octubre de 2012 la extinción de la
acción penal en el caso por prescripción.
El tribunal presidido por Sarah Veras, Ingrid Fernández y
Teófilo Andújar llegó a intimar a la Fiscal del Distrito Nacional el 23 de
julio pasado, a los fines de que compareciera a la audiencia el 8 de octubre
pasado.
Inicios
La acción pública inició el 18 de marzo de 1997, mediante la
presentación de formal querella, presentada por el ex director del IAD, Winston
Guerrero. Mientras que la providencia calificativa fue emitida el 17 de junio
del 2003, por el segundo juzgado de la Instrucción del DN. Dicha decisión, fue
recurrida y confirmada en apelación el 15 de septiembre del 2010, apoderándose
el expediente a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el 26 de enero de
2011, fijando la audiencia para el 2 de febrero de 2011.
Durante todo este proceso, unos siete reenvíos se produjeron
durante el juicio de fondo seguido al ex director del Instituto Agrario
Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, y otras dos personas, quienes fueron
favorecidos con la extinción de la acción penal, acusados de expropiación de
cientos de miles de metros de terrenos en Bahía de las Águilas, por la falta de
interés del ministerio público.
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del DN, fijaron la
primera audiencia del juicio seguido, además, a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán
y Reyna Margarita Martínez, el 6 de junio de 2011, produciéndose un total de
siete reenvíos, ante ausencias del fiscal.
El tribunal señala en la reciente sentencia, que desde la fecha en que
se inicia la persecución penal al 8 de
octubre de 2012 cuando se emite la
sentencia de extinción de la acción penal, trascurrió un período de 15 años y
siete meses, sin que a la fecha el ministerio público haya siquiera reformulado
acusación, no obstante habérsele dado la oportunidad para ello.
Cronología de
aplazamientos
El 6 de junio de 2011, el tribunal aplazó la audiencia para
el 8 de agosto de ese año, y en esa ocasión el fiscal que compareció al
tribunal alegó que la persecución penal quien la llevaba era la Procuraduría
General de la República. El tribunal decidió aplazar la audiencia para el 24 de
octubre de 2011. El 24 de octubre el ministerio público solicitó el
aplazamiento y el tribunal
puso audiencia para el 30 de enero de
2012. También hubo aplazamientos el 7 de mayo, el 23 de julio y 8 de
octubre, para que la fiscal titular designara al fiscal que llevaría el caso.
Inicio del proceso
El grupo fue sometido a la justicia en marzo de 1997, por
violación a varios artículos de la Constitución, del Código Penal Dominicano,
sobre la reforma Agraria, Ley sobre bien de familia, ley 362 que regula las
ventas de tierras rurales, y urbanas y suburbanas propiedad del Estado. En
torno al caso también fueron sometidos a la justicia el empresario Moisés
Fernando Marchena, (falleció), Puro Pichardo Fernández, Vicente Guzmán Tatis,
Nelson Oleaga Guzmán, Marcos Marte de León, Hedí Francisco del Orbe, Arelis
Colón Matos, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello.
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