La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) considera que el proyecto de ley sobre la participación pública en la generación de electricidad debió ser llevado al Consejo Económico y Social (CES) para el debate del Pacto Eléctrico. Además, la entidad llama la atención sobre una de las justificaciones de la pieza en la que se afirma que el Estado ha hecho “ingentes esfuerzos” para canalizar la participación privada en la instalación de nueva generación cosa que no es cierta desde hace varios años, pues el olfato del sector privado es que lo ha llevado a invertir más de US$ 2,000 millones en nuevas plantas para que el país disponga de energía suficiente y de menor costo.
El vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Milton Morrison dijo que “en lugar de hacer las cosas como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno sigue tomando iniciativas coyunturales en un sector fundamental sin garantías fehacientes de que esas acciones serán soluciones sostenibles”. A juicio del ejecutivo, hubiera tenido más sentido esperar al proceso de debate para forjar el Pacto Eléctrico nacional para que cualquier acción esté contemplada en las directrices que éste establezca.
Por otro lado, la ADIE cree que la iniciativa del gobierno es contraria al espíritu de la Ley General de Electricidad. Morrison recordó que dicha pieza ya contempla la incursión del Estado en generación a través de las Distribuidoras. “Pero, además, incluye el impulso de la inversión privada en materia de generación, lo cual tiene el beneficio colateral de que el Estado no tendría que endeudarse para la construcción de nuevas infraestructuras de generación”.
La ADIE insiste en que hay que seguir invirtiendo en más generación y más barata, pero que el principal problema del sector no es ese, sino el de las pérdidas que tienen las distribuidoras y donde las acciones de los gobiernos han sido tímidas y poco consistentes. “El Estado debería enfocarse en inversiones para mejorar las infraestructuras de transmisión y distribución y en reducir a niveles internacionalmente óptimos los niveles de pérdidas provocadas por deficiencias técnicas, el robo y el fraude”, dijo Morrison.
“De esa forma, el subsidio que reciben las distribuidoras para cubrir su ineficiencia año tras año, sería mejor y habría recursos para otras prioridades del Estado”, afirmó el ejecutivo de la ADIE, a la vez que recordó que las pérdidas de las distribuidoras se mantienen desde hace más de una década entorno al 35% porque no cobran toda la energía que sirven. “Y la importancia de actuar en ese ámbito lo ha reconocido el propio BID cuando, en declaraciones recientes de su representante, estima que la telemedición, reducción de pérdidas y distribución de energía eléctrica son los puntos neurálgicos de un servicio eléctrico óptimo y permanente”.
La ADIE reiteró que el sector generador, en el que el Estado ya tiene participación en dos de las más grandes generadoras, lleva dando muestras reales de compromiso con una mayor eficiencia del sistema y abaratamiento del costo de la energía. “Sólo en los últimos tres años se han instalado más de 500 MW de nueva generación, y tomando en cuenta todas las inversiones, se ha reducido la dependencia del fuel oil, de un 90% en 2000 a un 45% en 2013, con inversiones en plantas de gas natural y carbón y en proyectos eólicos”.
El otro aspecto al que la ADIE cree que hay que poner atención en el anteproyecto sometido por la Presidencia es al que libera de someterse a la ley de contrataciones públicas a los proyectos de generación que quiera iniciar el Estado. “Creemos que las licitaciones públicas y los procedimientos de compras ya establecidos, son los métodos más transparentes para seguir incorporando generación eléctrica con la que suplir las necesidades de los sectores productivos y el bienestar de la ciudadanía”.
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