Sobre el tema haitiano. Siguiente reunión el 20 de marzo en la ciudad "espiritual" de Jacmel

El ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo informó que la siguiente ronda de las negociaciones entre Haití y la República Dominicana tendrá lugar el día 20 de Marzo en la ciudad de Jacmel, en territorio haitiano,  en búsqueda de nuevos acuerdos, en salud, turismo y migración.
Esta cita dará continuidad a las conversaciones que tuvieron lugar entre representantes de ambos países en Jimaní, el pasado 3 de febrero.
La fecha de la cita, prevista para la segunda semana de marzo, se pospuso, de común acuerdo, a raíz de la visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegará a Santo Domingo el próximo día 12, por lo que en el Palacio Nacional, personal del servicio secreto de los Estados Unidos y de la Embajada Americana en la República Dominicana se encuentran revisando las áreas y coordinando detalles a raíz del periplo del funcionario estadounidense.

Ante la Organización de las Naciones Unidas
La República Dominicana presentó ante un segmento de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en materia de reforma migratoria, para dar respuesta a los casos de extranjeros sin estatus migratorio legal.
Durante la 25 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, en representación del Canciller Carlos Morales Troncoso, detalló que la República Dominicana procura dar una respuesta integral, inclusiva y acorde con las leyes e instituciones dominicanas y los estándares internacionales relevantes, a las carencias que por años han aquejado nuestra nación en el ámbito migratorio.
Trullols sostuvo que las acciones del gobierno dominicano están compuestas por dos pilares fundamentales: el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular y el depósito que se hará próximamente ante el Congreso del Proyecto de Ley Especial para atender los casos de personas inscritas en el registro civil dominicano de manera irregular.
Enfatizó que con el Plan de Regularización, la República Dominicana podría normalizar en los próximos meses el estatus migratorio de unas 430 mil personas, procedentes de más de 100 países, poniendo fin así a su situación de incertidumbre.
Reiteró que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana será despojada de ella. Recordó que según la Convención para Reducir los Casos de Apátrida, no existe privación de la nacionalidad “cuando [esta] haya sido adquirida por declaración falsa o fraude”.
Explicó que en cumplimiento de su compromiso de aportar una solución humanitaria a la situación de las 24,392 personas actualmente en el registro civil dominicano que no fueron declaradas con documentos válidos, el gobierno dominicano ha diseñado la ley especial que será presentada próximamente al Congreso Dominicano.

Amnistía Internacional  

Advirtió que de aplicarse la sentencia 168-13, se estaría excluyendo de la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano, lo que podría traer consecuencias catastróficas a la República Dominicana.  
La revelación la hizo el diputado Teodoro Ursinio Reyes, quien participó en un encuentro entre la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados con una delegación Amnistía Internacional, reunión que se dio a puerta cerrada.
Ursinio Reyes expresó que el país pasa por un periodo de presión internacional, que el ciudadano dominicano común no se da ni cuenta de esa situación.
La señora Hiara Liguori representante del secretario de Amnistía Internacional, dijo que el propósito de su visita es dialogar con varias instancias dominica, con instituciones del Estado y con las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional.
La delegación de Amnistía Internacional, presidida por la señora Liguori e integrada por Robín Guittard, Peter Benenson House, hablaron con la prensa luego de sostener un encuentro con la comisión de  Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.  

El Tribunal Constitucional

El TC revocó la sentencia  de amparo TC/0028/14, que ordena a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega de la cédula de identidad y electoral a 28 descendientes de haitianos indocumentados.
La JCE se negaba a entregar los documentos porque según alega “los solicitantes fueron inscritos de manera irregular en las oficialías del Estado Civil, cuestión que está en proceso de investigación”.
En su sentencia del TC establece que  corresponde a la JCE, en cumplimiento  del precedente establecido en la decisión TC/0168/13, apoderar al tribunal competente para que decida las cuestiones objeto de las investigaciones que lleva a cabo el referido organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de la expedición de las actas de nacimiento.
El TC otorgó a la JCE un plazo de 45 días para que proceda a formalizar el apoderamiento.
También dispone que la Dirección General de Migración en un plazo de 10 días otorgue un permiso especial de estadía temporal a: Anyelina Jean Polemin y Maribel  Saint Louis Noel, hasta que el “Plan Nacional de Regularización de  Extranjeros ilegales radicados en el país”, determine las condiciones de regularización de este género de casos.
Tras revocar la sentencia, el tribunal rechazó la acción de amparo interpuesta por Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons  Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Pitter Deavallons Joissant,  Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez,  Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli  Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario y Maribel Saint Louis Noel en contra de la JCE, la Dirección General de Cedulación y las Juntas  Electorales de los municipios de San Pedro de Macorís, Consuelo,  Quisqueya, San José de los Llanos y Ramón Santana.
Entre los accionantes también formaban parte; Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique  Delva, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre; Osman Poliniece, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes  Antonio Polique Perez y Yuli Yendillen Joseph.
La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera  Instancia de San Pedro de Macorís había  ordena a, el 29 de mayo de 2012, a la Junta autorizar al Director General de Cedulas y a las Juntas Electorales de los municipios de San Pedro de Macorís, Consuelo, Quisqueya, San José de los Llanos y Ramón Santana a entregar las cédulas de identidad y electoral correspondientes a cada  uno de los demandantes, así como también a inscribir a Musnal Xinels Fransua, Gloria Berique Delva e Isisdro Berique  Delva, para fines de cedulación.

Poder Ejecutivo propondría convalidar  las actas de nacimiento sin el cumplimiento de los requisitos legales, desde el año 1929 al 2007.

El Gobierno se estaría planteando naturalizar o nacionalizar a todos los extranjeros y sus descendientes que residen en territorio dominicano, aun incluyendo aquellos que no posean documentos.
Sin que arroje absoluta claridad sobre si se trata de un plan para amnistiar a los extranjeros y sus descendientes en el país, el Poder Ejecutivo propondría convalidar (legalización) todas las actas de nacimiento expedidas a personas de ascendencia extranjera o no, y que hayan sido instrumentadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, desde el año 1929 al 2007.
Una simple lectura de un anteproyecto que ha elaborado el gobierno en esa dirección induce a pensar que el objetivo del plan es legalizar la presencia y permanencia aquí de todos los inmigrantes haitianos y sus descendientes (población mayoritaria de extranjeros en República Dominicana).
El anteproyecto que ha elaborado el Poder Ejecutivo establece como requisitos que para beneficiarse de la referida convalidación, que será necesario constatar que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad.
“La Junta Central Electoral deberá proceder a demandar, por ante el tribunal competente, con garantía del principio de contradicción y las demás reglas del debido proceso de ley, la nulidad de aquellas actas de nacimiento que se correspondan con situaciones de duplicidad o suplantación de identidad, debiendo disponer el tribunal en esos casos, la cancelación del documento que en base a las mismas hubieren sido expedidas”, precisa.
“Para optar por la regularización documental en los términos de esta ley, la persona interesada deberá formalizar una solicitud al Ministerio de Interior y Policía, adjuntando las pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos”.
“Resulta de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros, de un importante sector de la población de la República Dominicana integrado por los descendientes de padres extranjeros no residentes.”