El Centro Bonó entiende que la ciudadanía y las organizaciones deben
articularse para aunar esfuerzos que ayuden a impulsar una
transformación profunda y equitativa de los sistemas de salud y
seguridad social. Indican que se debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de
la población a vivir saludablemente y contar con servicios de seguridad
social oportunos y de calidad que dejen de responder a intereses
económicos de particulares y de grupos privados.
Dicen que el sistema de salud y seguridad social de República Dominicana mantiene a una gran parte de la población excluida y no permite el ejercicio pleno del derecho ciudadano contemplado en la Constitución en estas áreas tan sensibles para la calidad de la vida.
Recuerdan en el informe que a trece años de la promulgación de la ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y de la Ley General de Salud (42-01), más del 43% de la población dominicana no cuenta con un seguro médico y menos del 50% de los afiliados al Sistema de Pensiones tendría garantizado el acceso a una pensión. De igual manera, que los servicios ofrecidos por los centros de salud privatizados (las ARS y las AFP) no satisfacen las necesidades de la población, que se ve en la necesidad de pagar diferencias en atenciones de salud. Este pago suplementario ya alcanza el monto de los 700 millones de pesos mensuales.
Dicen que el sistema de salud y seguridad social de República Dominicana mantiene a una gran parte de la población excluida y no permite el ejercicio pleno del derecho ciudadano contemplado en la Constitución en estas áreas tan sensibles para la calidad de la vida.
Recuerdan en el informe que a trece años de la promulgación de la ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y de la Ley General de Salud (42-01), más del 43% de la población dominicana no cuenta con un seguro médico y menos del 50% de los afiliados al Sistema de Pensiones tendría garantizado el acceso a una pensión. De igual manera, que los servicios ofrecidos por los centros de salud privatizados (las ARS y las AFP) no satisfacen las necesidades de la población, que se ve en la necesidad de pagar diferencias en atenciones de salud. Este pago suplementario ya alcanza el monto de los 700 millones de pesos mensuales.
Sobre la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) que reveló en 2013 los niveles de insatisfacción del actual plan de servicios, dicen que el mismo no responde a las demandas de los usuarios al excluir medicamentos importantes de uso frecuente, así como materiales y procedimientos quirúrgicos. Necesariamente, el recorte abusivo de la cobertura implica el deterioro de la calidad de vida de los usuarios, los cuales se ven forzados a abandonar los tratamientos y a sufrir el agravamiento de las complicaciones de las enfermedades que padecen.
El panorama se torna menos halagüeño ya que la República Dominicana se encuentra entre los países de la región con menor inversión pública en el sector salud, situándose siempre por debajo del 2% del PIB. Esta baja inversión repercute negativamente en indicadores como la mortalidad infantil (29,6 por cada mil nacidos vivos), lo que la coloca muy por encima del promedio de la región (21,8). También la mortalidad materna es muy alta. Hablamos de 159 por cada 100 mil nacidos vivos, frente al promedio de 130 de la región latinoamericana, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas.
En ese sentido, en el marco de acostumbrado análisis de coyuntura, el Bonó explicó la impostergable necesidad de que el Gobierno asuma su rol en materia de salud, llevando a cabo las transformaciones necesarias para la superación de las limitaciones señaladas. De manera particular, se debe elevar sustancialmente el presupuesto público asignado a la salud y seguridad social para superar los indicadores negativos que nos ubican como uno de los países con peor sistema de salud de la región.
El Bonó hizo sus declaraciones sobre la seguridad social en su análisis de coyuntura del primer sábado de cada mes. El análisis correspondiente al mes de agosto de 2014 tuvo como título: “Salud y Seguridad Social: negocio o derecho ciudadano”. Participaron como panelistas el economista Chanel Rosa, especialista en Seguridad Social y Salud, Maribel Batista, asesora del movimiento sindical, y Nicomedes Castro, Presidente del Instituto Nacional de Salud (INSALUD).
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