TSA fija audiencia de amparo contra Aduanas por Impuestos compras por Internet

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), informó del acogimiento y fijación de audiencia por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para conocer el próximo viernes 8 de agosto del amparo preventivo en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA), por el anuncio del cobro ilegal de impuestos a las operaciones de compra y venta, generadas por la vía del internet, cuyas valores no excedan los 200 dólares, con efectividad a partir del próximo día 15 de agosto.

La acción constitucional de amparo en contra de aduanas, estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la constitución y tratados internacionales, tales como el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre la protección de derechos del consumidor o usuario, los artículos 53, 93 y 110 constitucionales y el Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA”.

 La FJT, ante la inminente y decidida voluntad política del gobierno dominicano de violentar la institucionalidad, adelantó que llevará este caso hasta las últimas consecuencias, enrrumbando al gobierno por el camino de la legalidad, procurando para casos como el ocurrente las vías constitucionales, como lo sería un decreto derogando el 402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un Ministro o de un Director General.

Potentini, llamó al pueblo dominicano a empoderarse, reclamando cívicamente el respeto a las leyes y a la institucionalidad del país, a que acudan este viernes a hacer causa común con las entidades que han radicado conjuntamente con justicia y transparencia el presente amparo,  como lo son la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, con quienes reiteramos llevaremos esta lucha por la institucionalidad hasta las últimas consecuencias.


El CONA: El impuesto viola el artículo 243 de la Carta Magna
Igualmente, La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) anunció que en caso de que el Director General de Aduanas, Femando Fernández inicie el día 15 del presente mes  la aplicación del anunciado impuesto a las compras por internet inferiores a US$200, al día 16 acudirán al Tribunal Constitucional a depositar una instancia de acción en inconstitucionalidad .

CONA afirmó que el pretendido impuesto entra en contradicción  con varias leyes y artículos de la Constitución de la República, por lo que dijo esperar que el Director de Aduanas desista de aplicar el referido impuesto.

“Constituye un absurdo el hecho de que el Director General de Aduanas pretenda colocarse por encima de la Constitución, aprobando un nuevo impuesto mediante una decisión administrativa, facultad exclusiva del Congreso Nacional”, sostuvieron.

“El impuesto anunciado por la Dirección General de Aduanas viola el artículo 243 de la Carta Magna, el cual establece que el régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas”, expuso CONA.

“El impuesto de referencia viola también el artículo 110 de la Constitución de la República, relativo a la irretroactividad de la ley, ya que dispone que La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”, expusieron los abogados.

Tras afirmar que con la decisión Aduanas modifica el decreto 402-05, de donde se desprende una evidente violación del artículo 6 de la Constitución de la República, la entidad afirmó que  de aplicar dicho impuesto, la DGA violaría también la ley 358-5,  la ley 277-12,  y varios artículos de la Constitución.

Asimismo
El Tribunal Superior Administrativo, fijó para este viernes 8 de agosto a las 9 de la mañana, el conocimiento de la Acción de Amparo elevado por la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, Fundación Justicia y Transparencia, FJT y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, CADOLEC, contra la Dirección General de Aduanas y su Director, por el anuncio de cobro de impuesto a las compras menores de 200 dólares que se realizan por internet.
La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, Fundación Justicia y Transparencia, FJT y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, CADOLEC, elevaron el pasado lunes 4 del corriente mes la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, por el anuncio de que a partir del 15 de agosto, las compras menores de 200 dólares se le aplicaría un impuesto.

Felipe Herrera, presidente de ASODECU, condenó la irracionalidad e imprudencia de la medida anunciada por el Director de Aduanas, desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpando funciones del Congreso Nacional, y de paso cargando a amplios sectores del país con más y más impuestos.

El amparo depositado se fundamenta en la amenaza e inminencia de diversas violaciones, evidenciadas en las pretensiones del director de aduanas cuando  anunciara y reiterara a los medios de comunicación su decisión de gravar con impuestos ilegales todas las compras generada vía el comercio electrónico, independientemente del valor envuelto en la operación; Las entidades también alegan como sustento de la referida acción la inminente violación de varios instrumentos legales, entre lo que citamos, el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12, la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario, los Arts. 93, numeral 1 letra a) y 53 de la Constitución Dominicana, el primero estableciendo la capacidad y facultad exclusiva del congreso para crear impuestos, y el segundo consagrando la protección de los consumidores o usuarios, como un derecho fundamental.

Asimismo y en igual sentido se expresa el Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA”, que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes “Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni de República Dominicana "adoptará o mantendrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado".

Herrera, emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad, al tiempo de anunciar que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sea parte del referido proceso, y que de cara al país definan acciones y fijen posición.