Posiciones sobre Corte Interamericana en decisión de la CIDH

Los miembros del Instituto Duartiano definieron como arbitraria e injusta la condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desconocimiento del orden institucional y la soberanía dominicana.

José Joaquín Pérez Saviñón, presidente y los demás directivos de la entidad expresaron su apoyo a la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, que declaró contraria a la Constitución la carta de adhesión del Poder Ejecutivo del 19 de febrero de 1999, mediante la cual aceptaba la competencia de la Corte. 

“Consideramos que la sentencia número 282, de fecha 28 de agosto del año en curso, es una decisión arbitraria e injusta que desconoce los esfuerzos del Estado y las instituciones de la República Dominicana en interés de regularizar y documentar a todas las personas que habitan en su territorio, pero con arreglo a nuestras normas constitucionales y legales”, expresaron. 

Dijeron que la soberanía del país es inviolable, y que ninguno de los poderes públicos pueden permitir actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos del país.

Roberto Rosario

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, consideró que la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) de sancionar al país por presuntas violaciones a estos, en el caso de ciudadanos haitianos, fue tan lejos que prácticamente disuelve la existencia del Registro Civil.

Precisó que si se aplica la decisión de la Corte IDH, se prohíbe a la JCE investigar los expedientes y ese órgano no tendría ninguna posibilidad de revertir las suplantaciones y falsificaciones de documentos.

El funcionario expresó que todavía hay muchas cosas qué ver, analizar y tratar sobre esa decisión que, reiteró, constituye un atropello a la soberanía de la nación.
"Claro, si se ejecuta esa decisión, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de revertir la suplantaciones ni las falsificaciones de documentos, porque hay una prohibición expresa en esa sentencia de que se investigue cualquier expediente que esté en esa condición", manifestó.

Rosario fue entrevistado por los periodistas tras participar en un reconocimiento que hizo el Senado al pintor Miguel Núñez.

Canciller Andrés Navarro

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, afirmó que el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina estudia diferentes escenarios para llevar a cabo un proceso de consulta nacional con experimentados juristas, para establecer su posición frente a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) en contra de República Dominicana.

Consideró que la sentencia de la CorteIDH se decidió sin tomar en cuenta los procesos históricos y la realidad económico-social de República Dominicana, al tiempo de manifestar que se trata de un fallo que alude a la Constitución dominicana, el derecho a decidir sobre la nacionalidad y cuestiona además algunos artículos de la Ley 169/14 que ha facilitado el plan de regularización de extranjeros.

“Cada país tiene derecho a definir el mecanismo para conceder la ciudadanía, en el marco de la innegociable libre determinación, pero tampoco esa soberana decisión no puede ser interpretada bajo ninguna circunstancia como una negación al respeto de los derechos humanos”, dijo.

El funcionario habló ante los embajadores de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que integran México, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y El Salvador y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) pertenecientes a Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay, en un encuentro celebrado en la sede de la Cancillería la mañana de ayer.

Navarro valoró el compromiso mostrado por el gobierno dominicano en la defensa de los derechos humanos, al destacar los esfuerzos que realiza con el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el que gasta alrededor de RD$1,800 millones.

“En el país hay un compromiso total del gobierno del presidente Medina con el tema del respeto a los derechos humanos, incluso de manera integral. De ahí que no se ha escatimado esfuerzo alguno para garantizar el debido proceso de regularización a los hijos nacidos en el país de padres con estatus de ilegales, tal como se puede observar en el plan de regularización a nivel nacional con todas las facilidades disponibles y de manera gratuita”, refirió.

Planteó a los diplomáticos que el gobierno acogió la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional Dominicano porque tiene claro el debido respeto al orden jurídico y a la independencia de los poderes del Estado, “con lo que ha evitado una innecesaria confrontación y una posible crisis social y política de impredecibles consecuencias”.

Señaló que el gobierno fijará una posición definitiva ante la CorteIDH, luego del análisis de los escenarios posibles.

Leonel Fernández Reyna 

El expresidente Leonel Fernández Reyna defendió  ante la OEA el derecho de que tiene República Dominicana de determinar quiénes son sus nacionales, y dijo que es imposible que el país cumpla lo que pretende imponer la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), de que se le otorgue la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano.

Fernández dijo que constituye una clara vulneración de la soberanía nacional, el pretender negar el derecho de RD de no adoptar ese sistema y determinar quiénes son sus nacionales. Precisó que eso solo aplica en las naciones, como Estados Unidos y otras, que admiten el sistema del jus solis incondicional.

La CorteIDH dispuso que el Estado dominicano adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano.

Fernández dijo que a nivel mundial, la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la na- cionalidad de forma automática, debido, principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos estados continuar con el jus solis incondicional.

Fernández fijó su posición en la conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de ese organismo hemisférico. Habló sobre el tema “La OEA, Democracia y Derechos Humanos”.

Sostuvo que el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la CIDH, en razón de que, primero, la Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva.

A la conferencia asistieron el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario de Relaciones Externas del organismo hemisférico, Alfonso Quiñones. También Pedro Vergés y Aníbal de Castro, representante permanentes de República Dominicana ante la OEA y embajador del país ante el gobierno de los Estados Unidos, respectivamente.

Además, los embajadores de España, Honduras, El Salvador, Francia, Brasil, Haití, Bolivia, Guyana, Chile, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Jamaica y demás delegaciones acreditadas ante la OEA.

Constitucionalistas 

La Organización de Combatientes Constitucionalistas declaró ayer tras realizar una ofrenda floral por motivo del Día de la Constitución, celebrado el pasado 6 de Noviembre, en el Altar de la Patria que favorece y entiende correcta la decisión del Tribunal Constitucional que se desvincula y define como inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia a esta corte internacional suscrito en 1999.

“Nosotros tenemos que defender nuestra Constitución, por eso favorecemos la sentencia del Tribunal Constitucional de desvincularse de esa Corte”, dijo ayer Virgilio Martínez, vocero de los veteranos de la Invasión de 1965.

“En ninguna parte estamos de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros solamente defendemos a la República Dominicana, y no podemos permitir que la República Dominicana, por sostener y dar albergue a extranjeros, principalmente haitianos seamos castigados”, dijo.

También colocaron ofrendas florales el Senado de la República, Bienes Nacionales, Fenacomun, el Comité Olímpico Dominicano, la Asociación de Constitucionalistas del 24 de Abril, y el Capítulo de Acción Juvenil de la Fundación Justicia y Transparencia.