La Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva contra once implicados en el caso de la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), de un total de 25 personas contra quienes solicitó órdenes de arresto.
La medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torrez Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, explicó en una conferencia de prensa los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, de fiscales adjuntos, oficiales, alistados y subalternos vinculados a la sustracción de la droga en la Dican. La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, consistente en un año de prisión preventiva.
La medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torrez Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, explicó en una conferencia de prensa los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, de fiscales adjuntos, oficiales, alistados y subalternos vinculados a la sustracción de la droga en la Dican. La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, consistente en un año de prisión preventiva.
El ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que ya le fueron emitidas órdenes de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
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