El profesor Juan Manuel Rosario, quien ha estado involucrado de manera activa en todo lo concerniente a la política migratoria dominicana, aseguró que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, admitió que la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización, es una ley de convalidación de documentos, y no de naturalización.
Dijo el especialista que él siempre ha insistido en que la ley 169-14 nada tiene que ver con naturalización, sino que lo que hizo en sus primeros artículos fue convalidar documentación de extranjeros que poseían documentos que les acreditaba como dominicanos sin serlo.
En tal sentido, aseguró que una persona que no tenga la condición de dominicana y que haya intentado acreditarse como dominicana sin serlo, de manera irregular, no se le puede convalidar tal documentación, porque entra en contradicción directa con la Constitución y la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Precisó que ningún supuesto consenso puede suplantar a la Constitución de la República Dominicana.
Dijo que si había que buscar algún consenso sobre un tema tan delicado, que es de prominencia soberana como el concerniente a la nacionalidad, ese consenso había que buscarlo dentro de la sociedad dominicana a través de un referéndum aprobatorio.
Afirma que el hecho de que la ley 169-14 convalide documentación de personas que han actuado como dominicanos sin serlo, es lo mismo decir que se está convalidando nacionalidad.
Argumentó que convalidar nacionalidad implica impactar y modificar el régimen de nacionalidad de la República Dominicana, y eso sólo puede hacerse conforme lo establece el artículo 272 de la Constitución dominicana, que versa sobre los procedimientos para modificar el régimen de extranjería, que sólo puede hacerse a través de un referéndum aprobatorio, para luego pasar a la Asamblea Revisora de la Constitución.
‘’O sea que ni siquiera la Cámara de Diputados y el Senado tienen facultad para modificar el régimen de extranjería, a menos que no sea a través de la Asamblea Revisora de la Constitución, con previa aprobación del referéndum aprobatorio’’, afirmó.
Expresó que el presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del 27 de febrero del 2015, fue claro al establecer el objetivo de la Ley 169-14, cuando dijo: “Primero, resolver la situación de aquellos descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular, que contaban con documentos expedidos por las autoridades de nuestro país que les acreditaba como dominicanos.
Esta ley convalida esa documentación, siempre y cuando los beneficiarios no tuvieran participacion directa en la irregularidad documental’’.
Dijo el profesor Rosario que es indiscutible que esa ley fue hecha para complacer intereses nacionales e internacionales que entendían que había que convalidar documentación a personas que decían ser dominicanas sin serlo.
Precisó que esas personas, al no ser dominicanas, debían agotar un procedimiento de naturalización, pero que primero había que declararlos como no dominicanos, y luego proceder a naturalizarlos de una forma especial, para evitar el precedente histórico de que la República Dominicana se vea obligada a convalidar irregularidades, adulterando el espíritu y el mandato expreso de la Constitución dominicana.
Se preguntó que ¿por qué el gobierno dominicano para delinerar su política migratoria tiene que estar bajo la asesoría de la ACNUR y ONGs supuestamente vinculadas al aspecto migratorio?
Se preguntó ¿cuáles son las organizaciones de la sociedad dominicana especialistas en asuntos migratorios que el gobierno se ve precisado a trabajar con ellas?
De igual manera: ¿por qué la ACNUR tiene que participar en la política migratoria de la República Dominicana? ¿No es la ACNUR una de las entidades que más ha presionado a la República Dominicana?
Manifestó que el gobierno dominicano puso en manos de sectores internacionales la aplicación de la política migratoria, y que eso quedó establecido en el discurso del presidente de la República, Danilo Medina, ante la Asamblea Nacional del 27 de febrero del 2015, cuando dijo: “Estamos haciendo un gran esfuerzo de nación, trabajando conjuntamente con países amigos, como Estados Unidos o la Unión Europea, además de diferentes instituciones como Naciones Unidas, ACNUR y las Organizaciones Internacionales para las Migraciones, para localizar a todos los posibles beneficiarios de este plan y orientarlos”.
Indicó que al manifestar en ese discurso: “De la misma forma, hemos trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas migratorios, para garantizar el éxito del proceso y dar seguridad y confianza a todos los participantes”, Danilo Medina puso la politica migratoria en manos de los adversarios de la soberania nacional.
Rosario consideró que es saludable que no se prorrogue el Plan Nacional de Regularización, pero que ya el mal está hecho, cuando el presidente de la República, a través del Plan Nacional de Regularización, prohibió la deportación de extranjeros ilegales en el territorio de la República, a la vez que prorrogó por 90 días más la nefasta ley 169-14 supuestamente de naturalización, pero que sin embargo es de convalidación de documentos falsos o de nacionalidad.
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