Los autores sostienen que antes de ponerlo en marcha “era necesario que los tomadores de decisiones se dieran cuenta que este Sistema tendría repercusiones para un poder judicial con limitaciones presupuestarias, respecto del cual toda política pública, sobre todo si su diseño permite prever un aumento de su carga de trabajo, debe incluir la mejora inmediata de su capacidad de respuesta”.
Sin embargo, el análisis “El 9-1-1 y sistema penal: el espacio vulnerable entre las políticas públicas de seguridad y judicial”, de la autoría de Junior Santana y Héctor Peña, investigadores de la Unidad de Justicia Penal del OJD, sostiene que este sistema podría tener grandes beneficios en la lucha contra la criminalidad, pero no debe obviarse que una gran parte de esta lucha también se lleva a cabo en los tribunales.
El análisis invita a reflexionar acerca del rol activo del Poder Judicial en relación al Sistema. Se afirma que “es necesaria una mayor coordinación entre esta política pública de seguridad y las políticas públicas judiciales, ya que con esta se evitaría que la administración de justicia se vea afectada en las demarcaciones en las que se encuentra en funcionamiento, también aquellas provincias a las que puede llevarse el sistema resultarían beneficiadas”.
Actualmente el sistema se encuentra integrado por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), quien lo preside, la Procuraduría General de la República (PGR), al igual que el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Dominicano de Comunicaciones (INDOTEL), la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MIFA).
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