El juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado José Manuel Hernández Peguero, sostuvo que el anteproyecto de “Ley de Paternidad Responsable”, sometida al Congreso Nacional en 2014, propone un procedimiento judicial sencillo y obligatorio que le garantizará a los hijos el derecho fundamental de identificar a sus padres.
Entrevistado por Karina Pérez y Yamil Silverio, coordinadora y colaboradora de la Unidad de Justicia Civil y Comercial e Inmobiliaria del Observatorio Judicial Dominicano (OJD-FUNGLODE), manifestó que la principal razón que lo impulsó a motivar la creación de nuevas normas orientadas a promover la paternidad responsable es garantizar a las mujeres y sus hijos el disfrute de los derechos que le asisten.
“El derecho fundamental de conocer a tu padre, de estar registrado como hijo de este y por consiguiente, de recibir manutención, protección y hasta cariño, es lo que nos motiva a establecer en una propuesta de anteproyecto de ley, un procedimiento judicial sencillo, ágil y obligatorio que le permita a la madre dominicana que pasa por estas dificultades garantizar el sustento de esa criatura”, precisó.
Dijo que la nueva propuesta aboga porque el reconocimiento de paternidad se haga ante un juez de paz, que en la actualidad suman 165, para que la mujer tenga un acceso más directo teniendo más cerca el tribunal que va a conocer el proceso.
El magistrado Hernández precisó que uno de los principales aportes de la propuesta de ley de paternidad responsable es que el reconocimiento de la paternidad es de carácter obligatorio.
“El problema del procedimiento actual es que no es obligatorio, la madre acude si quiere. En el caso de la propuesta sí es obligatorio, no puede existir hijo o hija sin padre y tan pronto se advierta al oficial del Estado Civil, este debe velar que se cumpla con la exigencia de la ley y está obligado a remitir el caso ante el juzgado de paz más cercano al domicilio de la madre”, puntualizó.
“Una vez el juez de paz reciba el acta y la declaración de la madre por parte del oficial del Estado Civil, está obligado a citar a las partes”, añadió.
Respecto a limitantes que pudiera enfrentar la eventual aplicación de la ley propuesta, el magistrado Hernández señaló la negación del padre respecto a permitir la extracción de sangre para practicarle la prueba de ADN.
“La Constitución establece que debe prevalecer el derecho fundamental más vulnerable. En este caso, estamos hablando del derecho a la integridad personal, según el cual, nadie puede ser sometido, sin previo consentimiento, a exámenes médicos”, precisó.
Sin embargo, destacó que también están los derechos fundamentales del niño o niña de conocer la identidad de su padre y de recibir la manutención o los alimentos que le van a permitir desarrollarse.
“En otros países la experiencia es que se impone ante todo el goce y el derecho fundamental del niño o niña y que ese derecho se pueda facilitar a través de la prueba de paternidad (ADN)”, indicó.
Dijo que la actual ley establece la facultad de la investigación del caso para determinar si el registro en la oficialía se realizó en el tiempo oportuno. Sin embargo, precisó que en la propuesta de ley de paternidad responsable, el Ministerio Público que actuará será el fiscalizador ante el juez de paz.
El magistrado destacó que el proyecto es su iniciativa, pero no es de su autoría. “Esta ley existe en más de diez países, aquí lo que hemos hecho es adecuarla a la realidad dominicana, con ciertas diferencias y novedades”.
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