La licenciada Gisela Cueto, procuradora general adjunta, a cargo del Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo que la recogida de la información es la principal dificultad que enfrenta el país al solicitar la cooperación judicial internacional.“La mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales establecen que la recogida de la información debe hacerse de acuerdo al sistema jurídico del país que presta la asistencia, sin embargo, en ocasiones resulta que las exigencias que tiene el otro país son diferentes y a veces insalvables, esto causa problemas", expresó.
Entrevistada por Junior Santana y Héctor Peña, investigadores de la Unidad de Justicia Penal del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Cueto explicó que el origen del departamento que dirige se remonta a la promulgación de la Ley núm. 485-84 que suprimió, en su momento, la Secretaría de Estado de Justicia. Añadió que las asistencias judiciales nacen debido a la necesidad de carácter jurídico de ayudar para que dentro del sistema se pueda intercambiar y ampliar el radio de la aplicación del Derecho penal.
“No es lo mismo una solicitud de extradición entre República Dominicana y España, que otra con Estados Unidos, las reglas son diferentes, porque estos instrumentos son de convenios o contrato, es decir, supra normas contractuales fundamentadas por el mismo principio que indica que las obligaciones entre las partes que las hacen tienen fuerza de ley”, dijo la magistrada.
Advirtió que el país debe manejar con cuidado los acuerdos de extradición que realiza con algunos Estados, ya que no sería conveniente entregar a un nacional dominicano a un Estado requirente cuyos centros penitenciarios se caractericen por mostrar condiciones inhumanas, debido a que esto va en contra de los derechos humanos.
Cooperación internacional caso Juncalito
La responsable del Departamento de Asistencia Jurídica Internacional de la PGR señaló que a su entender de los últimos dos casos de pederastia que involucran autoridades eclesiásticas, la gran relevancia se ubica en el caso seguido contra el padre Wojciech Gil, en la comunidad de Juncalito, de la provincia Santiago de los Caballeros.
En torno a la reciente condena de siete años en Polonia al exsacerdote Gil, alias Alberto, por haber cometido violación sexual en perjuicio de siete menores de edad dominicanos, Cueto sostuvo que el Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición de la Procuraduría General de la República colaboró de manera activa con la Procuraduría General de Santiago para facilitarle las pruebas del caso al Ministerio Público de Polonia, que culminó en la obtención de la condena.
"Este hombre hizo un daño tremendo a esta comunidad, esa era una comunidad virgen. Este cura le infirió una herida a esta comunidad que no podrá ser olvidada", concluyó.
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