La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, salió en defensa y apoyo de Faride Raful.
“@Farideraful se merece todo el respeto en este debate que, al final de cuentas, enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del PLD. Rendir cuentas es parte de nuestras responsabilidades. Bien por ti Faride Raful”, expresó en su cuenta de Twitter.
Agregó que “El ministro José Ramón Peralta ha facilitado las informaciones disponibles y estoy segura que está a la disposición para cualquier otro requerimiento”.
Raful agradeció el respaldo de Cedeño por la misma vía, al responder: “Gracias Doña Margarita Cedeño por manifestar su respeto al derecho que tenemos como ciudadana y congresista. Ojalá y todos sus compañeros asumieran el rol institucional que les corresponde, en favor de nuestra democracia. Mis saludos”.
La posición de Cedeño de Fernández refleja una diferencia en la visión política dentro del Gobierno y las tendencias internas del Partido de la Liberación Dominicana, pues el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el director de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en la que afirmaron que la denuncia de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) persigue “una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo”.
El Gobierno aclaró que fueron 430 millones de pesos y no 1,400 millones de pesos los que se pagaron a las empresas de Santana y su esposa, condenados en Brasil por corrupción en el caso Odebrecht.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) señaló que el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen competencias equivalentes para examinar los actos del Poder Ejecutivo en cuanto al manejo de los fondos públicos, ya que en su control a posteriori están llamados a verificar que los gobernantes cumplan con transparencia, eficiencia y eficacia el mandato otorgado por la ciudadanía, a través del procedimiento democrático en que han sido elegidos como sus representantes. “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público que suscitan el interés del Parlamento”, dijo la Finjus.
El debate es generado por la solicitud de que se investiguen los contratos hechos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones (DICOM) durante 2012-2016, con las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció el pasado martes que respaldaba el pedido de investigación que ha hecho un grupo de diputados de la organización, encabezados por Faride Raful, para que se investigue los pagos del gobierno a empresas de Santana y su esposa Moura, y que harían una petición formal de investigación.
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