La compra de 11,500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), fue convertido en el primer caso sospechoso de corrupción y ya en manos del ministerio público.
Este caso en plena campaña electoral y durante la gestión en Obras Públicas del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, desencadenó un escándalo nacional y una ola de reclamos para una investigación que nunca tuvo efecto.
El expediente está bajo apoderamiento de la Pepca, donde fue depositado por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.
Ayer también el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, prometió encaminar las pesquisas para determinar si en estas compras hubo prácticas corruptas.
Camacho agradeció a Ortiz Bosch y a Pimentel el esfuerzo que han hecho para indagar y presentar documentos sobre un hecho en el que presumen fueron lesionados los intereses del Estado.
“El Ministerio Público cumplirá con su obligación de profundizar la investigación para determinar si existen responsables”, advirtió Camacho.
Poco antes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió en su despacho a los directores generales de Ética e Integridad Gubernamental y Compras y Contrataciones Públicas, un encuentro en el que participó la procuradora adjunta y directora general de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso.
Luego de conversar brevemente con Germán Brito y demás funcionarios del Ministerio Público, Ortiz Bosch y Pimentel se dirigieron al primer nivel del edificio, en donde depositaron por ante la secretaria general de la Procuraduría, Gladys Sánchez, un legajo de documentos en los que figura la solicitud de intervención de la Pepca.
Los funcionarios sostienen en la documentación entregada que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.
“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, subrayaron.
Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el exdirector de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación contra Gonzalo Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la Dirección General de Ética...
Pimentel y Ortiz Bosch deploraron que Cadet recomendara archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha planteado que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) violó la Ley de Compras debido a que los “Informes técnicos justificativos para la contratación del suministro de Hormigón Asfáltico Caliente” no motivan ni justifican el uso de excepción de un procedimiento como tal, en lugar de un proceso ordinario.
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