Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, dejó en libertad al comunicador Julio Clemente, acusado de violencia de género, quien tendrá que asistir periódicamente al Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional para recibir terapias del manejo de la ira.
Vargas también emitió orden de protección para las dos partes envueltas en el conflicto, en el entendido de que en esta relación existe violencia cruzada.
Compañeros de Clemente, en el “El Show del mediodía” acudieron al Palacio de Justicia en apoyo al miembro del programa y al salir de la audiencia Iván Ruiz manifestó que el juez concluyó que se le otorgara la libertad a Clemente.
Por su parte, el abogado defensor, Félix Portes, explicó que el mismo juez Vargas emitió una orden de protección a favor de Julio Clemente y ahora se pudo dar cuenta que esto “fue un montaje que se hizo para meter al señor Julio preso estos días y dañar su imagen”.
La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado prisión preventiva, como medida de coerción contra Báez Doñé. Aunque lo dejó en libertad, el juez encontró indicios de violencia en el proceso que lo llevaron a aplicar las citadas medidas.
El Ministerio Público planteó que tiene pruebas sobre la amenaza de muerte que recibió la expareja del comunicador el pasado lunes 23 de noviembre. La víctima se querelló ante la Unidad de Violencia de Género contra Báez Doñé, luego de conversar con un amigo a quien llamó asustada por la vía telefónica.
El expediente explica que, desde el pasado mes de julio, la Fiscalía del Distrito Nacional estaba apoderada de una denuncia interpuesta por Báez Doñé, quien acusó a su expareja de presentarse a su lugar de trabajo.
Dijo que, una vez allí, la mujer procedió a rayarle el vehículo y a ponchar los dos neumáticos del lado derecho. En ese momento el ahora imputado aportó un video que resultó insuficiente para evidenciar que la señora cometió el hecho.
La Fiscalía del Distrito aportó, entre las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción, testimonios de familiares y amigos de la mujer, así como los informes de riesgo y emocionales expedidos por dos psicólogas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La víctima denunció otros abusos que también están bajo investigación.
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