El gobierno del presidente Luis Abinader recibió un espaldarazo por parte de representantes de diversos sectores de la vida nacional, quienes se comprometieron a enfrentar junto a las autoridades la crisis internacional de precios que impactan al país.
Dicho compromiso fue establecido mediante la firma de un documento y con su integración a varias mesas de trabajo sectoriales.
Los firmantes entienden que esta nueva crisis que impone el mundo exige la unidad de todos los sectores representativos de la sociedad para buscar soluciones conjuntas, que permitan mitigar el impacto sobre la economía local.
El documento fue firmado por los sectores, empresarial, sindical, religioso, agropecuario, comercial y social, los cuales quedaron conformados como mesas de trabajo que estarán coordinadas por el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó.
También participarán en estas acciones de coordinación los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton y de Agricultura, Limbert Cruz.
Las mesas de trabajo deberán presentar al gobierno una propuesta con las primeras recomendaciones en diez días.
La firma del compromiso se realizó como parte de la Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios.
Durante el encuentro realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la participación de funcionarios del gobierno, los representantes de la cúpula empresarial y de otros sectores, reconocieron los esfuerzos del gobierno por mitigar las alzas en los precios.
Participaron la vicepresidenta Raquel Peña; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache y de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marranzini.
También, acompañaron al mandatario los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Hacienda, José Miguel -Jochi- Vicente.
Del mismo modo, los directores de Presupuesto, José Rijo Presbot; y de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; así como el enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana, pastor Dio Astacio.
El jefe de Estado dijo que el repunte significativo de los precios globales alerta a los gobiernos y preocupa a todos los ciudadanos, porque los efectos se sienten en los mercados locales de los diferentes países.
“El alza de precios es actualmente un fenómeno global desencadenado por el aumento de la demanda de las materias primas, la disrupción de la cadena logística causada por la pandemia y el elevado coste de los combustibles producto de la reactivación económica”, planteó el presidente Abinader.
El gobernante también se refirió a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió que la demanda mundial de crudo seguirá aumentando y por consiguiente alcanzará en el cuarto trimestre de este año los niveles previos a la pandemia.
Agregó que la fuerte demanda causada por la recuperación presiona hacia el alza del precio del barril de petróleo y los costos del transporte.
“En adición, condiciones climatológicas adversas y la fuerte demanda mundial han provocado que productos agrícolas como el maíz, el trigo y la soya experimenten incrementos históricos en sus precios”, precisó el jefe de Estado.
Esa situación, añadió, encarece la producción cárnica que usan estos productos como alimento.
Asimismo, el presidente señaló que la demanda de transporte marítimo internacional crece debido a la recuperación del sector manufacturero en todo el mundo, pero se ralentiza el flujo de barcos por la crisis de los atascos en puertos.
Igualmente, mencionó la demora en el despacho de los contenedores, causando encarecimiento de materias primas y productos terminados importados.
En representación de la iglesia católica fue invitado monseñor Jesús Castro Marte y de las iglesias evangélicas Feliciano Lacen y Nélsido Borg. Por el sector sindical, Rafael -Pepe- Abreu.
Igualmente, de la sociedad civil, Leydy Blanco García, de Participación Ciudadana; Ernesto Martínez del centro Juan XXIII; Hamilk Chahín de Manifiesto Ciudadano y Patty Gómez de Foro Ciudadano. La Firma del “compromiso nacional”
Plan de austeridad y racionamiento del gasto público con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional, el Gobierno en el Decreto 396-21 establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.
Entre las medidas que destacan está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos.
De igual manera quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.
Igualmente, solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.
En cuanto a los vehículos oficiales, queda prohibido su uso durante fines de semana y días feriados.
Por otra parte, el Decreto 396-21 también busca racionalizar el uso del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los Ministros de Defensa e Interior y Policía realizar una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.
Además, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República.
0 Comentarios