Conocida como la «Declaración de Santo Domingo, » fue suscrita por Argentina, Panamá, Chile, República Checa, Estados Unidos, El Salvador, Italia, Perú, Uruguay, Paraguay, Surinam y la Unión Europea, entre otros.
Los firmantes de la declaración han solicitado que se permita el regreso inmediato a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayando la importancia de que esta entidad pueda «desempeñar plenamente su mandato» en el país. La declaración leída desde el Salón de Embajadores del Palacio Nacional por el canciller Roberto Álvarez enfatiza la necesidad de que Venezuela garantice las condiciones adecuadas para que dicha oficina pueda llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.
Además, se requiere que Venezuela, como estado parte de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos necesarios para las seis personas asiladas que actualmente permanecen en la embajada de Argentina en Caracas.
La declaración también toma nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados del 28 de agosto. Se menciona que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales, las cuales arrojan un resultado distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
Los firmantes solicitan «la inmediata publicación de todas las actas originales, y la verificación imparcial e independiente de los resultados, preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresado en las urnas.»
La Declaración de Santo Domingo llega en un momento de creciente preocupación internacional por la situación en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias y el uso de la violencia contra opositores políticos han generado críticas generalizadas. La comunidad internacional, a través de este documento, busca ejercer presión sobre el gobierno venezolano para que respete los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones internacionales.
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