El presidente Luis Abinader informó que el avión del gobierno venezolano que se encontraba retenido por el Ministerio Público desde el pasado mes de mayo y confiscado por los Estados Unidos no está a nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino de una “persona particular”.
Esa aeronave se encontraba desde el 19 de mayo en el Aeropuerto Internacional Higüero-Doctor Joaquín Balaguer.
“En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada la aeronave con el fin de 'realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos'. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el departamento de justicia de Estados Unidos”, explicó el canciller Roberto Álvarez, quien añadió que en el mes de septiembre las autoridades recibieron la sentencia del “tribunal competente” para entregar el avión al país requirente.
El ministro de Relaciones Exteriores añadió que las autoridades dominicanas no están participando en el proceso de investigación realizado por Estados Unidos y que por lo tanto es un tema del cual el “Gobierno Central” no emitirá una opinión.
La aeronave es un jet privado de color blanco con rayas azules y rojas, con matrícula J7 ESPERT, y se encontraba estacionado dentro de un hangar del mencionado aeropuerto.
Los tribunales dominicanos dieron luz verde al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la incautación del avión propiedad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que ingresó al país con el fin de recibir mantenimiento y llevaba varios meses inmovilizado en el aeropuerto El Higüero, en Santo Domingo.
Así lo confirmó el canciller Roberto Álvarez, señaló que en mayo el Ministerio Público recibió una primera solicitud de la justicia estadounidense para que la aeronave Dassault Falcon 900EX fuera "inmovilizada o secuestrada". Esta solicitud tuvo respuesta de un tribunal nacional el 22 del mismo mes.
Una segunda orden judicial, con fecha de ayer, lunes 2 de septiembre, autorizó la entrega de la aeronave a Estados Unidos, la cual fue acatada por el Ministerio Público, permitiendo que las autoridades estadounidenses la trasladaran al aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida.
Sin embargo, Álvarez insistió en que "ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos" y solo se actuó en respuesta a las órdenes emitidas por los tribunales dominicanos, responsables de verificar "los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave" en atención a los acuerdos bilaterales entre el país y Estados Unidos, agregó el diplomático.
El Departamento de Justicia confiscó la aeronave bajo el alegato de que la misma fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro.
Esto establece una violación a la Orden Ejecutiva 13884 de 2019 que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro, advierte el Departamento de Justicia en un comunicado.
Además, la compra de la aeronave también viola las disposiciones del Departamento de Comercio para controlar la exportación de artículos destinados a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.
La ruta del avión de Maduro: comprado ilegalmente en EE.UU. y traído a RD para mantenimiento
De acuerdo con la justicia estadounidense, el gobierno de Maduro utilizó una empresa fantasma con sede en el Caribe para "ocultar su participación" en la compra ilegal de la aeronave a una empresa con sede en Florida.
El avión fue exportado "ilegalmente" del país norteamericano a través del Caribe en abril del año pasado y desde mayo "ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países", según el Departamento de Justicia.
La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fueron las instituciones que trabajaron en colaboración con las autoridades dominicanas en el caso. A estas agradecieron por la asistencia recibida.
El avión Dassault Falcon 900EX llegó a la República Dominicana en marzo junto con otro de matrícula venezolana, para mantenimiento, sin embargo, no volvió a salir de aquí.
Estuvo en el país bajo un nombre distinto al del Gobierno venezolano y permaneció inmovilizado en el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer, también llamado La Isabela y El Higüero, por unos cinco meses.
El canciller Álvarez dijo que la razón que reportó la aeronave para ingresar al territorio dominicano es "bastante normal", considerando que el país ofrece "servicios (de mantenimiento) de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves".
El avión tiene una longitud de 20.2 metros y puede albergar entre 8 y 19 pasajeros.
El Dassault Falcon 900EX es un jet ejecutivo de larga distancia fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation. Este modelo es una variante del Falcon 900 y tiene dos ventajas principales: puede realizar vuelos largos y operar en pistas cortas, según informa la empresa.
Está equipado con tres motores Honeywell TFE731-60 que le dan una potencia considerable, alcanzando una velocidad de crucero de 950 kilómetros por hora y una altitud máxima de 15,500 metros.
Antes de ser adquirido por el régimen de Maduro, el avión estaba registrado en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, un corredor que compra y vende aviones usado, con sede en Florida.
Maduro fue visto por primera vez viajando en la aeronave en diciembre pasado cuando llegó a San Vicente y las Granadinas en el jet, que tiene matrícula en San Marino, un territorio independiente en el centro de Italia al que la opacidad de su sistema bancario convierte en un paraíso fiscal.
El avión aterrizó en aeropuertos de países afines al gobierno de Caracas como China, Cuba y Brasil.
Este no es el primer avión venezolano que llega al país, otra aeronave, el Airbus A-319CJ trajo al fenecido Hugo Chávez durante varias visitas al país. Este avión, con más de 20 años de antigüedad, forma parte de los sancionados por Washington.
El presidente Luis Abinader afirmó que el avión no estaba registrado con el nombre del Gobierno de Maduro, sino a título de un particular.
Al ser cuestionado por periodistas para que ofreciera el nombre del registro, el mandatario dijo: "Yo no conozco el nombre, pero no era al nombre del gobierno venezolano, no era identificable".
Al ser preguntado una vez más, Abinader indicó que debido a la cantidad de aeronaves que llegan para recibir servicios de mantenimiento en el país, "el gobierno no tiene por qué saber", después rectificó diciendo "no es que no lo sabemos. Yo no lo tengo aquí y no conozco el nombre de quién es la persona".
La pregunta fue remitida al canciller, que solo dijo que se trata de una empresa privada.
Los fiscales federales también han incautado varios aviones privados pertenecientes a altos funcionarios venezolanos y personas con información privilegiada que han sido sancionadas o acusadas en Estados Unidos.
En febrero de este año, Estados Unidos confiscó el Boeing 747-300, un avión de carga venezolano que había sido inmovilizado en junio de 2022 por Argentina a instancias de Washington, que lo acusaba de servir para operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en toda América Latina.
En 2020, el Gobierno español enfrentó una controversia por el aterrizaje de un avión privado en el que iba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía vetada la entrada a la Unión Europa por sanciones comunitarias al régimen.
Venezuela dice es "piratería" y mantiene bloqueo a vuelos
El lunes también significó que los vuelos comerciales entre el país y Venezuela siguieran suspendidos por órdenes de Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció la extensión por un mes de la medida tomada el pasado 30 de julio y que también afecta a Panamá y Perú. En ese sentido, el veto temporal "se mantendrá hasta el 30 de septiembre".Las autoridades alegaron que la medida es en rechazo a supuestas "acciones injerencistas" respecto a las elecciones presidenciales.
Así como a "la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad".La incautación de la aeronave de maduro en suelo dominicano supone un nuevo obstáculo para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, afectadas desde el 28 de junio cuando República Dominicana y otros países de la región criticaron los comicios celebrados ese día. En respuesta, Caracas a rompió relaciones diplomáticas con ellos.
El pasado 16 de agosto, en el marco de la segunda juramentación de Abinader, representantes de más de 20 estados firmaron una declaración en la que solicitaban al Gobierno venezolano que respetara la convención sobre asilo diplomático y los derechos de los votantes, además expresaban su rechazo a la represión y violencia postelectorales.
Cuba tilda de "ilegal y fraudulenta" la confiscación del avión de Maduro por EE.UU.
Agencia EFE
La Habana.- El Gobierno de Cuba consideró ese lunes que es "ilegal y fraudulenta" la confiscación del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizada por autoridades de Estados Unidos basada en las sanciones aplicadas por Washington a Caracas.
"Condenamos la ilegal y fraudulenta confiscación del avión presidencial de Venezuela", escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en la red social X.
A su juicio "este acto de piratería es violación del derecho internacional por parte del gobierno de EE. UU., que usa la impunidad para cometer estas acciones bajo la justificación de arbitrarias medidas coercitivas unilaterales".
El departamento de Justicia estadounidense informó que la aeronave fue incautada en la República Dominicana -con la asistencia de las autoridades del país- y transferida a Florida por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares "a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los EE. UU. para su uso por parte de Nicolás Maduro".
En agosto de 2019, el presidente de EE. UU., Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.
Por su parte, el Ejecutivo venezolano consideró que "esta no es una acción aislada", sino que "forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno", tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria ha denunciado que hubo fraude y se adjudica la victoria.
Además de calificar la incautación del avión de "piratería" el comunicado de Caracas afirmó que "se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal" de Washington.
Los Gobiernos de La Habana y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.
Cuba fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.
0 Comentarios