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Periodistas marcharon en contra de atropellos que dicen han recibido

Periodistas y comunicadores marcharon contra los atropellos que dicen han recibido durante las coberturas gubernamentales, una protesta que no recibió el respaldo de las principales figuras del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).


La marcha que inicio desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional tuvo el respaldo del secretario general de la seccional del Distrito Nacional del CDP, Wilder Páez, quien en calidad de organizador pidió la renuncia del presidente Aurelio Henríquez por no apoyar a los profesionales y velar por sus intereses del gobierno.

Páez leyó un manifiesto exigiendo la garantía del ejercicio periodístico, el cese de acoso, censura o represalia con los medios y periodistas, así como la distribución equitativa de publicidad estatal y no como instrumento de manipulación entre otros.

También, la promoción de mecanismos reales de transparencia y acceso a la información pública y la importancia de crear un ambiente donde la crítica no sea criminalizada, sino valorada como parte del juego democrático. Recordó que cuando el gobierno se convierte en fiscal, juez y verdugo de la prensa, se rompe el equilibrio que garantiza el derecho ciudadano a estar informado.

“No a la censura, si a la libertad de prensa”, pidieron detener los atropellos verbales en las actividades gubernamentales, empujones y expulsiones de las actividades al momento de realizar sus trabajos.


CDP explica su no al apoya de la caminata al Palacio Nacional del martes 13

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) aclaró que no apoya el llamado a una Caminata o Marcha al Palacio Nacional, convocada por la seccional del Distrito Nacional y el Movimiento Renovador para reclamar respeto por el maltrato a los miembros de la prensa parte del gobierno.

Aurelio Henriquez, informó que luego de consultar a los miembros del Comité Ejecutivo determinaron que no hay razón para la convocatoria de una Caminada o Marcha, y sugirió a los convocantes llamar al periodista Daniel García Alchibal, quien dijo que no ha recibido llamada de los convocantes para hablar sobre los supuestos maltratos a la prensa.

Asimismo recordó que la ley 10-91, que su artículo 2 señala:  “el Colegio no podrá dedicarse a actividades partidaristas ni sindicales. Si la violación a esta disposición se comprueba jurídicamente, por indicio pruebas materiales, el Tribunal eximirá a los medos de comunicación de las obligaciones que le impone la ley”.

Informó que la Ley 10-91 establece que el presidente del CDP es quien ostenta la representación jurídica del Colegio por lo que exige no utilizar ni logo ni el nombre del CDP para reclamar una manifestación que su comité ejecutivo no ha aprobado.

Negó que el CDP ha convocado ni apoya ningún llamado a Caminata o Marcha de periodistas y comunicadores al Palacio Nacional, porque no hay elementos de pruebas graves que puedan motivar una manifestación de esa naturaleza.

Dijo que, por más de 30 años de servicios al sector periodístico, ha defendido y defenderá la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos los ciudadanos, más cuando se trata de un servicio público como lo es el derecho de a la información establecido en la constitución de la República.

El presidente del CDP afirmó que siempre ha sido respetuoso de los derechos sindicales consagrado en la constitución, pero también debe cumplir con el mandato de la Ley 10-91 de no involucrase en asuntos sindicales.

El periodista tiene el derecho al acceso a las fuentes informativas y siempre ha exigido respeto y facilidad para que el periodista pueda buscar las informaciones que debe publicar por cualquier medio de comunicación, incluyendo las redes sociales de cualquier plataforma.

Sin embargo, recordó el CDP defiende la libertad de expresión de todos los ciudadanos y la libertad de prensa, porque es la única forma que tienen los ciudadanos de informarse y gozar del derecho constitucional de ser y estar informado.

Recordó que libertad de expresión tiene su límite cuando apelando al derecho a expresarse afecta el derecho a la intimidad, dignidad y el buen nombre de las personas, que es sancionados por varias leyes dominicana.

Señaló que pidió a los convocantes las evidencias de los maltratos a los miembros de la prensa de parte de funcionarios o miembros de la seguridad, que tengan como intención de censurar el trabajo de los periodistas y trabajadores de la prensa y no le han sido mostrada.

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