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Aplazan para 18 de junio audiencia de medidas de coerción en contra de Maribel y Antonio Espaillat

Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para el miércoles a las 11:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a Antonio Espaillat, y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set.

El magistrado adoptó su decisión para dar tiempo de notificar al abogado de los imputados, para que puedan preparar los alegatos de defensa de las imputaciones que hace el Ministerio Público en su contra los hermanos Espaillat.

Ayer, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante los tribunales, en la cual pide prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por la responsabilidad penal de ambos imputados en el colapso del techo de la discoteca que, la noche del pasado 8 de abril, provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.

Un equipo integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, e integrado por Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria, firma el documento depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como los golpes y heridas involuntarias.

El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de 2025, en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.

Tras la ocurrencia del hecho, en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y los escombros para realizar el peritaje de lugar.

Por el trágico suceso, ocurrido el pasado 8 de abril, fallecieron 235 personas y resultaron heridas más de 180.

Para Antonio el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y para Maribel prisión domiciliaria. 

El Ministerio Público ha planteado que recabó "evidencias contundentes" que demuestran que la tragedia del 8 de abril era totalmente evitable "si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado  la vida por encima del dinero".

Además, que "los imputados intimidaron a testigos del proceso con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal".

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