Santo Domingo.– La jueza Fátima Scarlette Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reanudó a las 3:05 de la tarde la audiencia de medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set.
El reinicio de la audiencia dio paso a las exposiciones de los 108 abogados querellantes y representantes de víctimas que han sido admitidos como parte civil en el proceso judicial.
La jueza Veloz reanuda la audiencia por el colapso de la discoteca Jet Set
Durante la mañana, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, concluyó su presentación de argumentos, solicitando prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel. Ambos están imputados por homicidio involuntario y acusados de actuar con negligencia en la gestión del establecimiento que colapsó el pasado 8 de abril, causando la muerte de 236 personas y dejando más de 180 heridas.
La jueza Veloz había declarado un receso a la 1:35 de la tarde, luego de escuchar los planteamientos del Ministerio Público. La audiencia había comenzado a las 11:45 a. m., tras el traslado de los imputados a la sala de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los hermanos Espaillat enfrentan acusaciones de homicidio involuntario y negligencia grave
Los fiscales sostienen que los hermanos Espaillat actuaron con “irresponsabilidad criminal” al permitir que el centro de entretenimiento funcionara en condiciones estructurales peligrosas, ignorando advertencias previas sobre el deterioro del techo, el cual colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció.
La Dirección General de Persecución, encabezada por Camacho y un equipo de fiscales, mantiene la acusación de que los imputados violaron disposiciones del Código Penal dominicano relacionadas con homicidio involuntario y lesiones causadas por negligencia.
Demandas por indemnización podrían superar los 10 mil millones de pesos
Mientras tanto, decenas de periodistas y camarógrafos se mantienen en los pasillos del tribunal a la espera de una decisión. La zona permanece bajo estrictas medidas de seguridad, con un amplio despliegue policial desde tempranas horas de la mañana.
Previo a la audiencia, el abogado Ángel Lockward, representante de más de 20 víctimas, informó que las demandas por indemnización podrían superar los 10 mil millones de pesos. “Hay un grupo del que poco se habla: los huérfanos. Son 130 niños que perdieron a sus padres, quienes les aseguraban su futuro. Hoy no saben qué les espera”, expresó el jurista.
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