Luego de más de 50 turnos, incluyendo el del presidente de los diputados, Alfredo Pacheco —quien recontó por qué el Código no se promulgó en gobiernos pasados y citó las razones por las que votaría a su favor, pese a apoyar las causales— el Pleno lo validó en segunda lectura con 159 votos a favor y cuatro en contra.
La iniciativa, que había sido sesionada en primera lectura el 23 de julio, fue aprobada junto a un informe que contenía las modificaciones sometidas por los legisladores. Algunas fueron rechazadas. Previamente, una comisión había socializado el proyecto con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la Policía Nacional.
El mayor tiempo de discusión se concentró en las propuestas de variación presentadas por los propios diputados. Aunque se introdujeron más de 150 modificaciones, cada congresista buscaba dejar constancia de su participación. En esta cámara, la normativa había fracasado tres veces en los últimos cinco años.
Ahora, regresa al Senado, donde fue inicialmente propuesta por Ramón Rogelio Genao (La Vega–PRSC).
Esa cámara solo tendrá que conocer las modificaciones y aprobarlas en una única lectura. Pese a los cambios, "eso no quiere decir que no se puedan hacer otras modificaciones", advirtió su presidente, Ricardo de los Santos. En su última parada en el Palacio Nacional para recibir el visto presidencial, el nuevo marco legal entraría en vigencia un año después de su promulgación.
El proyecto contempla penas acumuladas de hasta 60 años de prisión e incrementa el castigo por delitos cometidos contra mujeres, niños y personas vulnerables.
Entre los nuevos delitos que se penalizan están:
Crímenes de guerra
Inducción al suicidio
Sicariato
Bullying
Extorsión
Estafas piramidales
Acoso
Terrorismo
Clonación de tarjetas
Exhibicionismo
Dopaje
Bloqueo de paso a ambulancias
Carreras clandestinas, entre otros
Las principales fricciones giraron en torno a que algunos diputados pedían incluir las tres causales del aborto, lo que fue objetado por la mayoría de sus compañeros, quienes alegaban que esto chocaría con el artículo 37 de la Constitución.
Wandy Batista (PRM–La Romana), coordinador de la comisión redactora del informe, adelantó que, a partir del 18 de agosto, someterá una ley aparte para proteger los derechos reproductivos de la mujer. A su propuesta se unieron otros diputados, pero el grupo que se opone al aborto indicó que la enfrentará.
Pese a la discrepancia, la pieza fue validada con la mayoría de los votos, ya que muchos legisladores aseguraron querer "ser parte de la historia". Asimismo, plantearon que hay aspectos que podrán mejorarse durante el vacatio legis (período que tarda una ley en entrar en vigencia).
Gustavo Sánchez, vocero del PLD, dijo que su organización no se oponía a que el país tuviera un nuevo código, pero que se debió respetar la dignidad de la mujer. Recordó que Danilo Medina lo observó porque no concebía que una mujer tuviera un hijo producto de una violación.
Por su parte, Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, expresó su respaldo a la propuesta y pidió al presidente Luis Abinader que promulgue la normativa lo antes posible. En su turno, enumeró tragedias sociales del pasado que habrían sido castigadas si el nuevo código ya estuviera en vigor.
El Ministerio Público comenzaría a usar su nuevo instrumento legal un año después de su promulgación. En ese período —conocido como vacatio legis— se espera realizar otras mejoras, adelantó Pacheco. "Sé que hay sectores que van a encontrar defectos", expresó.
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