España.- La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que le investiga como presunto líder de una red de tráfico de influencias que compruebe si las conversaciones que llevaron a su imputación se obtuvieron de forma legal, planteando una posible «nulidad» de la causa en caso contrario.
En un escrito, remitido al magistrado José Luis Calama, el abogado de Zapatero solicita que se inste a la Fiscalía Anticorrupción para que indique el auto que habilitó al Ministerio Público y a las fuerzas policiales «el análisis de las comunicaciones privadas» y que permitieron »incidir de manera eficiente en la imputación de actos penalmente reprochables» al exmandatario.
La representación del que fuera líder del PSOE asegura que «no ha logrado hallar el auto o autos dictados» que pudieron autorizar tanto a Fiscalía como a agentes para analizar el «dispositivo llamado crucial», así como la lectura y el análisis de las conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero, pieza clave del caso Plus Ultra.
El abogado de Zapatero apunta que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional analizó conversaciones intervenidas a Palomero en base a un chat llamado 'Danilo-España'. Ese trabajo llegó a considerar «que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países», lo que llevó a iniciar la causa en la Audiencia Nacional.
«Parece que se refieren estas mismas conversaciones en otros informes que se mencionan tangencialmente en distintos lugares, pero que no obran en las actuaciones a las que se tiene acceso», indica en su escrito.
La defensa del expresidente asegura que «la habilitación judicial cuya constancia se interesa no es una mera formalidad, sino una exigencia legal autónoma e ineludible». «Nuestro ordenamiento jurídico distingue con nitidez dos injerencias diferenciadas: de un lado, la aprehensión del soporte o dispositivo, y, de otro, el acceso y análisis de su contenido. La primera no comprende ni legitima la segunda», añade.
Así, el letrado advierte de que «si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales».
En tal caso, y «como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la UDEF y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidas del procedimiento», según la representación de Zapatero. «Lo que comprendería, en su caso, promover un incidente de nulidad, para el supuesto de que no resulte acreditada la existencia de la resolución judicial habilitante a que se ha hecho referencia», concluye.
Entre las conversaciones en las que participó Palomero se encuentra una que mantuvo con Rodolfo Reyes Rojas, accionista de Plus Ultra, en la que ambos hablaban sobre la forma de acceder a ayudas públicas para la aerolínea. «A ver qué se te ocurre a nivel político. Donde tocar puertas», le instó Rojas. «Tocamos a Ábalos», propuso Palomero en marzo de 2020.
Del propio Palomero también constan conversaciones en las que éste asegura que «hay que cuidar a jueces, policías y funcionarios». De igual forma, se revelan mensajes en los que Palomero aseguraba que «la instrucción» de la causa que se inició en el Juzgado de Plaza Castilla sobre el rescate de la aerolínea era «muy importante». Los investigados hablaron de crear un «kitchen gabinet» ya que la «fiscal jefe» era «amiga».
Pide más garantías sobre los chats
El abogado de Zapatero también ha presentado un recurso ante el propio juez Calama tras su negativa a solicitar más información a Estados Unidos sobre el teléfono incautado al propio Reyes Rojas, que la agencia norteamericana Homeland Security Investigations entregó a la policía española. Los mensajes contenidos en el mismo también son fundamentales para sustentar la presunta implicación de Zapatero en la causa.
El instructor solicitó al país norteamericano autorización para utilizar como prueba los mensajes contenidos en el teléfono móvil de Reyes Rojas, el accionista de la aerolínea que propuso acceder al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate de la compañía. «Nuestro pana Zapatero detrás», llegó a escribir el empresario.
La defensa del expresidente pidió al juez que ampliase esa petición de información y que se aclarase en qué circunstancias se obtuvo el contenido del dispositivo móvil, ante la sospecha de que pudiera haber habido irregularidades que podrían llevar a la nulidad de la causa. El magistrado, sin embargo, descartó su petición.
El abogado de Zapatero asegura que «el control que se interesa se dirige precisamente a esclarecer si concurren los presupuestos de licitud cuya ausencia determinaría aquella exclusión, de modo que la diligencia solicitada no convalida la fuente de prueba, sino que constituye el presupuesto del que depende su depuración».
Es decir, aclara, que «la solicitud de ampliación de la comisión rogatoria que por este recurso se reitera no entraña, en modo alguno» el «aquietamiento» del expresidente «con la incorporación del contenido del dispositivo» de Reyes Rojas «a la causa, ni reconocimiento de la regularidad del material controvertido, ni conformidad con su eventual utilización como medio de prueba».
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