San Cristóbal. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra dos hombres acusados de cometer actos de maltrato físico y psicológico, así como de someter a trabajo o servicio forzado a varios niños, niñas y adolescentes que permanecían en un inmueble donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Los imputados son Ángel Gabriel Capellán, conocido como El Pastor o Capellán, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quienes fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
El tribunal fijó para este jueves 3 de septiembre de 2026 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La petición fue presentada por la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, junto a la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, y la fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
El Ministerio Público informó que durante una operación ejecutada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, fueron realizados allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Como resultado, las autoridades rescataron a 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, quienes presentaban signos de presunto maltrato físico y psicológico.
La operación fue desarrollada por la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
También participaron la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en labores de protección de las víctimas.
La investigación se inició luego de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial, donde alertó sobre las condiciones en que se encontraban los niños alojados en el inmueble.
Según la solicitud de coerción, una evaluación médico-legal realizada al menor que denunció los hechos determinó que presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el rostro, brazos, piernas, dorso y espalda.
Admiten centro que operaba en Bajos de Haina, San Cristóbal había sido intervenido hace un año
La directora del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), Ligia Pérez Peña, admitió que el centro intervenido en el sector La Pared del municipio Haina, donde, según denuncias, operaba un centro de niños que recibían maltratos, fue intervenido hace un año, debido a que no contaba con autorización para cuidar menores.
Ligia Pérez Peña dijo que, en esa ocasión, en septiembre del 2025, se realizó un operativo en el lugar, luego que la oficina del Conani en Haina alertara a las autoridades sobre la existencia de dicho centro.
“La fiscalía de esa localidad advirtió en ese momento al propietario del centro que él no contaba con la autorización para tener niños bajo su cuidado, pero mira lo que pasó este año”, dijo la funcionaria.
El centro era operado por un pastor evangélico que dirige la fundación “Restaurando Vidas”, intervenido nuevamente por el Ministerio Público y el Conani.
El caso llegó a los medios de comunicación luego que el niño de origen haitiano escapó del lugar y denunció que "sufría maltrato".
Fundación Restaurando Vidas en La Pared, en Haina.
Sus residentes del sector El Feliciano coinciden en que el constante tránsito de niños, niñas y adultos entrando y saliendo del recinto, sumado a las deficiencias del lugar, levantaba sospechas continuas en la comunidad sobre lo que realmente ocurría allí.
Frente a las graves imputaciones del Ministerio Público, Zeneida, esposa del imputado, rompió el silencio y defendió la labor que realizaban en la edificación.
Según la esposa, la llegada de los internos respondía a la solicitud de los propios progenitores. “Ningún padre quiere un hijo que se lo maten en la calle o que haga fechorías; los padres los traen porque quieren una mejor vida para ellos”, explicó.
Zeneida rechazó que existiera hacinamiento o promiscuidad dentro del recinto. Detalló que las hembras y los varones permanecían en áreas separadas y únicamente coincidían durante las cadenas de oración de la iglesia que opera en la propiedad.
Añadió que la manutención se lograba mediante donaciones voluntarias y negó la presencia de lactantes: “Es mentira que hubiera bebés de tres meses; esos niños tienen a sus madres y familias. Las autoridades tenían conocimiento del centro porque estamos legalizados como fundación sin fines de lucro y Conani nos visitaba”.
El complejo está ubicado al final de un camino agreste flanqueado por cultivos de plátanos en la calle La Feliciana. En la entrada principal se levanta la estructura que alberga el templo, identificada con el letrero: “Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto que Revive”.
A pesar de alojar a decenas de personas, el lugar carece por completo de verjas, portones o controles perimetrales de acceso, evidenciando una falta total de medidas de seguridad y condiciones mínimas de habitabilidad para el albergue de infantes o adultos.
El caso salió a la luz cuando el menor de 12 años escapó hacia el destacamento policial de Hatillo. En su declaración, el niño denunció haber sufrido golpizas, quemaduras, privación de alimentos y sometimiento a trabajos forzados de carpintería que le impedían acudir a la escuela.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal y la Dirección de Investigación de Trata y Tráfico de Personas asumieron las indagatorias para evaluar a los infantes rescatados y formalizar el sometimiento judicial contra Capellán.
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