El sector Los Tres Brazos, fue vendido por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) por la suma de RD$72 millones a una empresa privada que ahora busca ofertarle el terreno donde ha desarrollado su vida.
El traspaso a la compañía Fernández Paraché y Asociados (Infepa) se produjo hace 6 años a espalda de los moradores del sector.
Esta empresa constituyó otra entidad denominada Titulatec, propiedad de José de Pool Dominici, y ha empezado un proceso de venta de los terrenos a los lugareños.
Miles de familias están atravesando el drama, de que más de un 80 % de los moradores no posee título de propiedad y en vez del Estado someterlo a un proceso de titulación, decidió cederle los terrenos a particulares, por lo que han formado un comité de lucha para hacer frente a la problemática.
Comunitarios especificaron que en 2010 Leoncio Almánzar Objío, en representación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) realizó la venta de los 910 mil 54 metros cuadrados correspondientes a Los Tres Brazos.
Estos terrenos pertenecían anteriormente a una empresa de calzados que fue liquidada por Corde. El metro cuadrado a la empresa compradora le salió entre RD$40 y RD$80, y ahora venden el metro a dos mil, tres mil y hasta cinco mil pesos”. Califican la venta de ilegal, porque no fue aprobada en el Congreso Nacional “como establecen las leyes”. “Le pedimos al presidente Danilo Medina que nos dé una mano amiga y busque una solución a este problema”.
Además, se quejan de que en el sector fue vendido el destacamentos de la Policía, cinco escuelas y una planta de tratamiento de aguas negras.
Para avanzar en el proceso de venta, la empresa Titulatec firmó un acuerdo en 2014 con el banco de Reservas, que está otorgando financiamientos a quienes han optado por comprar sus terrenos.
Ynés Gómez, directora de operaciones de Titulatec, aseguró que está operando legalmente, ya que tienen los títulos legítimos y su misión es proveer de documentación a cada habitante. Indicó que están ofertando las facilidades a cada morador ajustado a sus necesidades. “La negociación se hizo normada por las leyes dominicanas. Un contrato donde incluso los marcos regulatorios fueron observados, tomando en cuenta que los terrenos estaban ocupados y que debíamos hacer la promesa de venta a esos dueños de mejoras y así lo hemos hecho”, indicó Gómez. Aseguró que el monto de compra ascendió a RD$80 millones.
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