HIPOLITO Y BANINTER
Por Juan T H
El juicio a los principales ejecutivos del Banco Intercontinental (Baninter) adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada con la negativa de la Suprema Corte de Justicia a casar la sentencia por entender que no se violó la Constitución de la República y que la ley fue aplicada correctamente.
De ese modo la Suprema Corte de Justicia ratifica la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que condenó a Ramón Báez Figueroa, Luís Álvarez Renta y Marcos Báez Cocco a 10 años de prisión; mientras que a Vivian Lubrano de Castillo la condena es de 5 años. Además de las multas de cien salarios mínimos tendrán que pagar más de 68 mil millones de pesos de manera solidaria a favor de la Superintendencia de Bancos y del Baninter.
Sobre este caso se han escrito varios libros, pero se pueden escribir otros, ahora que ha concluido en los tribunales. Cada quien puede tener la visión que quiera. Sin embargo, los hechos son irrefutables. Las sentencias evacuadas tres instancias judiciales prueban que la quiebra del banco se debió al fraude, seguido de otros actos delictivos como el lavado de activos, claramente tipificado y condenado por la ley. Quedó demostrado que había un banco paralelo o clandestino. Uno operaba en el día y el otro en la noche.
La crisis bancaria se venía incubando mucho antes de que Hipólito Mejía asumiera la presidencia de la República. Existe un estudio realizado durante la primera gestión del presidente Fernández realizado por el experto español Aristóbulo Juan que llamaba la atención de las autoridades de entonces sobre los manejos inadecuados de ese banco. Pero ese informe fue sospechosamente secuestrado para que nadie se enterara.
Cuando se hace evidente la crisis del Baninter las autoridades intentan salvarlo con redescuentos y otras medidas. Unos 8 mil millones de pesos entregados al Baninter en el intento de recuperarlo se utilizaron para otros fines. Cuando ya no quedaba nada por hacer, el presidente Mejía cogió el toro por los cuernos y actuó como aconsejaban las circunstancias, interviniendo el banco y aplicando los correctivos de lugar, salvando así el sistema financiero y evitando un coralito similar al de Argentina que hizo colapsar el sistema político y económico de ese gran país suramericano. De igual modo garantizó el dinero a unos 700 mil ahorristas, grandes, medianos y pequeños.
Pero no sólo eso, el presidente Mejía sometió a la justicia a los responsables del fraude. El presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa terminó con sus huesos en la cárcel de Najayo, en un hecho sin precedentes en este país. Por primera vez en más de 200 años un miembro de una de las familias más poderosas iba a la cárcel. Eso no se había visto nunca antes en este país. Esa determinación del presidente Mejía le costó mucho. Pago un alto precio político, pero salvó al país de una catástrofe económica mayor, y de una crisis política de consecuencias dolorosas para todos.
Mientras el presidente Mejía enfrentaba la quiebra bancaria fraudulenta, el entonces ex presidente Fernández y los principales dirigentes del PLD jugaban al desenlace fatal del gobierno del PRD. Se colocaron del lado de quienes quebraron los bancos. De hecho la relación contractual del presidente Fernández con Baninter, es de todos conocida, así como los aportes millonarios que hizo ese banco a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Tengo guardadas las copias de los cheques y de los depósitos realizados por ejecutivos de la fundación y los certificados a nombre de Margarita Cedeño que para entonces no era la señora de Fernández.
Desde el 2003 cuando se destapó la crisis bancaria hasta hoy, Hipólito estuvo esperando la sentencia definitiva, convencido de que saldría exonerado de toda responsabilidad, porque no hizo más que actuar responsablemente a favor del país, sin importarle cuanto tendría que pagar por ello. Y esa sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia, seis años después, tardía pero segura, le ha dado la razón, y lo reivindica históricamente
Han sido seis años duros para el ex presidente Mejía y para su familia, principalmente para doña Rosa, su esposa.
A pesar del inmenso poder fáctico de los acusados, del apoyo recibido desde el Palacio Nacional con el nombramiento del abogado de la defensa como secretario de Estado, de las declaraciones del presidente de la República de que ese abogado es su líder y guía; a pesar de todo, se impuso la continuidad del Estado en ese proceso judicial. Los jueces de las distintas instancias judiciales estuvieron a la altura reclamada por el país.
No es ocioso señalar que el proceso judicial llega a su fin gracias al trabajo serio y muy profesional de los abogados que representaron al Estado; a las presiones nacionales y de organismos internacionales; presión que también ejercieron Estados Unidos, Alemania, Francia y España, entre otros. Y gracias también a la entereza del gobernador del Banco Central, que soportó insultos y amenazas muy seria, del superintendente de Bancos, a quien vi llorar por televisión de impotencia por los abusos cometidos en su contra por quienes quebraron el banco y por sus asalariados. Sin esos esfuerzos la sentencia no hubiese sido posible.
¿Qué queda ahora? Ejecutar la pena con toda la rigurosidad de la ley. No es sólo que los condenados deben ir a prisión, es rescatar los bienes muchos de los cuales están en manos de testaferros.
Dicen que el agua se aclara sola al paso de la corriente.
A Baninter no lo quebró Hipólito Mejía, lo quebró Ramón Báez y sus socios.
No lo digo yo, lo dicen tres sentencias judiciales.
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