Las aguas de Arroyo Cano, en la comunidad La Cabirma de Jarabacoa, están siendo contaminadas por desaprensivos quienes construyen una carretera ilegal en una propiedad privada sin los permisos medioambientales requeridos.
Un total de 72 árboles de Pino fueron talados por órdenes de Rolando Antonio Almánzar y/o José Nicolás de la Cruz, según declara el licenciado Pedro Martínez, abogado de la inmobiliaria SABINCA, S.A., representante de los propietarios del terreno.
“Los 72 árboles de pino cortados, según nos indicó un supervisor de medio ambiente, son de 27 especies diferentes, lo cual catalogamos como un atentado contra la flora de la zona. Almánzar o Nicolás de la Cruz fue apresado por el hecho cometiendo, pero no duró 24 horas detenido por las autoridades medioambientales de la zona, desconociéndose los motivos por los que fue liberado”, reveló Martínez.
“El río, está siendo afectado por la integración de arboles, piedras y tierra a su cause, lo que ha provocado que con las lluvias frecuentes el lodo contamine las aguas del Arroyo Cano, añade.
El abogado asegura que desde 2006 se han llevado a cabo varias depredaciones, pero la última fue la semana pasada. “Tenemos la certificación de Medio Ambiente donde consta que no ha emitido ninguna autorización para realizar movimiento de tierra en alguna propiedad de la comunidad de La Cabirma”, agregó Martínez.
El abogado asegura que desde 2006 se han llevado a cabo varias depredaciones, pero la última fue la semana pasada. “Tenemos la certificación de Medio Ambiente donde consta que no ha emitido ninguna autorización para realizar movimiento de tierra en alguna propiedad de la comunidad de La Cabirma”, agregó Martínez.
“La gente contratada por Rolando Almánzar y/o José Nicolás de la Cruz introdujeron a la propiedad maquinaria pesada para hacer una trocha de aproximadamente tres kilómetros, para conectar su propiedad con la carretera principal de una manera más directa, todo esto sin el permiso del propietario del terreno ni los permisos requeridos por medio ambiente, por lo cual solicitamos al nuevo ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, y al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ejecutar las “acciones de lugar” para detener y proteger el área afectada”, concluye.
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