La marcha de decenas de organizaciones, que luchan por la defensa de la ecología terminó en el Palacio Nacional donde entregó un documento a las autoridades gubernamentales para que el presidente Danilo Medina prohíba la explotación minera la Loma Miranda y el resto de la Cordillera Central, lo que pone en peligro la principal reserva acuífera del país.
La marcha salió del Parque Independencia a las 11:00 de la mañana y concluyó en la intersección de la avenida México con 30 de marzo, donde fue conformada una comisión que entregó el documento al viceministro de la Presidencia, Henry Molina.
La comisión fue integrada por Domingo Abreu, de la Asamblea Nacional Ambiental; Scalin Gutiérrez de Comunidades Unidas por el Agua; Rafael Jiménez del Comité contra la Megaminería; Luis Carvajal de la Comisión Ambiental de la UASD y María Teresa Cabrera de Coalición por una Educación Digna.
En el documento, leído por Domingo Abreu, las organizaciones destacan que hay 200 concesiones de exploración minera en la Cordillera Central, lo que consideran “es algo para escandalizar hasta la conciencia menos sensible”, por lo que exigen una acción que detenga esa acción.
Agrega que en el caso de Loma Miranda, las pretensiones de Falcondo de expandir sus explotaciones de las reservas nacionales de ferroníquel a costa de un verdadero “ecocidio no espera un minuto más para su irrevocable cancelación”.
Asimismo pidieron la destitución del nuevo director de Minería, al que acusan de haber sido funcionario de la Falconbridge durante 25 años.
Tras recibir el documento, el viceministro de la Presidencia, Henry Molina, dijo que las instituciones del gobierno que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales van a analizar
La marcha salió del Parque Independencia a las 11:00 de la mañana y concluyó en la intersección de la avenida México con 30 de marzo, donde fue conformada una comisión que entregó el documento al viceministro de la Presidencia, Henry Molina.
La comisión fue integrada por Domingo Abreu, de la Asamblea Nacional Ambiental; Scalin Gutiérrez de Comunidades Unidas por el Agua; Rafael Jiménez del Comité contra la Megaminería; Luis Carvajal de la Comisión Ambiental de la UASD y María Teresa Cabrera de Coalición por una Educación Digna.
En el documento, leído por Domingo Abreu, las organizaciones destacan que hay 200 concesiones de exploración minera en la Cordillera Central, lo que consideran “es algo para escandalizar hasta la conciencia menos sensible”, por lo que exigen una acción que detenga esa acción.
Agrega que en el caso de Loma Miranda, las pretensiones de Falcondo de expandir sus explotaciones de las reservas nacionales de ferroníquel a costa de un verdadero “ecocidio no espera un minuto más para su irrevocable cancelación”.
Asimismo pidieron la destitución del nuevo director de Minería, al que acusan de haber sido funcionario de la Falconbridge durante 25 años.
Tras recibir el documento, el viceministro de la Presidencia, Henry Molina, dijo que las instituciones del gobierno que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales van a analizar
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