Para la promoción, detección, prevención y atención: ¿Conoce y tiene acceso pleno la mujer dominicana a programas de calidad en salud sexual y reproductiva?.
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Por Emilia Santos Frías.
Si la respuesta a esta interrogante es si, entonces el aborto ilegal en la República Dominicana, no sería la cuarta causa de muertes maternas. Lo que evidencia desprotección en derechos fundamentales y por tanto el no ejercicio en la población, de los derechos sexuales y reproductivos. Vedados por creencias, dogmas, cultura, costumbre y leyes que sólo contribuyen a aumentar problemas de salud pública.
No puede ser si la respuesta, en un país, donde cada año mueren 70 mujeres a causa de aborto ilegal, tal como lo indica la ENDESA 2007.
Muchas de ellas no tuvieron el control de su sexualidad; un derecho que asiste a hombre y mujer. Tal como lo planteó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer o Beijing 1995. Un control que se consigue mediante información, educación temprana y el acceso a medios que pueden hacer posible ese derecho.
No sólo carecemos de programas eficaces en el sector salud, dirigidos a garantizar estos derechos, también, en educación. Nuestras mujeres y hombres desconocen que poseen libertad de decidir procrear o no, así lo plantea Cairo 1994. Además, la planificación debe ser familiar, no exclusiva de la mujer por ser quien se embaraza; para que eso ocurra se necesita espermas, por tanto, compete al conocimiento de ambos cónyuges.
Tener una buena salud sexual y reproductiva, también implica acceso a métodos para regular la fecundidad y poseer una vida sexual sin riesgos, pero las trabas que presentan nuestras normativas limitan este ejercicio.
Para avanzar es necesario además, que los distintos métodos anticonceptivos lleguen a la población de forma gratuita, esto también garantiza el respeto a la dignidad humana.
La Convención de Belem Do Pará de 1994, indica que es violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, dañó o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Del mismo modo esto se evidencia cuando no gozamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Como país, debemos evolucionar en materia de derechos humanos y su garantía, para evitar problemáticas y muertes.
No sólo carecemos de programas eficaces en el sector salud, dirigidos a garantizar estos derechos, también, en educación. Nuestras mujeres y hombres desconocen que poseen libertad de decidir procrear o no, así lo plantea Cairo 1994. Además, la planificación debe ser familiar, no exclusiva de la mujer por ser quien se embaraza; para que eso ocurra se necesita espermas, por tanto, compete al conocimiento de ambos cónyuges.
Tener una buena salud sexual y reproductiva, también implica acceso a métodos para regular la fecundidad y poseer una vida sexual sin riesgos, pero las trabas que presentan nuestras normativas limitan este ejercicio.
Para avanzar es necesario además, que los distintos métodos anticonceptivos lleguen a la población de forma gratuita, esto también garantiza el respeto a la dignidad humana.
La Convención de Belem Do Pará de 1994, indica que es violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, dañó o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Del mismo modo esto se evidencia cuando no gozamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Como país, debemos evolucionar en materia de derechos humanos y su garantía, para evitar problemáticas y muertes.
Y urgen programas de educación e información desde el nivel básico al universitario que capaciten y empoderen a la población de estos derechos y como ejercerlos.
Asimismo, es necesaria una ley acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos, para avanzar en su ejercicio pleno y erradicar de la sociedad problemáticas como abortos ilegales. Porque debido a la circunstancias de cómo y dónde se realizan, generalmente, llevan a daños en el aparato reproductor femenino y a muertes maternas.
La autora es educadora, periodista y abogada.
La autora es educadora, periodista y abogada.
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