
En rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional, manifestó que de acuerdo a datos del INDOTEL, “en la República Dominicana funcionan la cantidad de más de 10 millones de teléfonos móviles”, de los cuales 2 millones se encuentran en la modalidad postpago y los 8 millones restantes son prepago.
“Al día de hoy, las compañías de telecomunicaciones no han podido actualizar usuarios reales de más de 5 millones de teléfonos prepagos. Dealers y Sub Dealers, con el interés de vender más celulares e incrementar ganancias, salieron a las calles a vender teléfonos prepagos”, apuntó el jefe policial.
Agregó que “es posible que cualquiera de ustedes tenga 10 teléfonos a su nombre sin saberlo", al enumerar las problemáticas que generan los teléfonos prepago.
Dijo que entre las referidas incidencias está que millones de personas a nivel nacional aparecen con números telefónicos a su nombre sin su conocimiento; que más del 80% de los teléfonos móviles utilizados por los autores en diversos crímenes son de la modalidad prepago o mejor conocido como “Macos”.
Sostuvo que a partir de la referida fecha los celulares “macos” serán saneados y estará prohibida su activación y circulación mercantilista.
El 911
El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que hasta la noche de ayer se registraron 45, 230 llamadas molestosas al sistema 911 y que actualmente se encuentran identificadas, y bajo investigación por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
“Pueden estar seguros de que cada uno de estos casos serán debidamente investigados y se seguirá el debido proceso para que sus actos tengan consecuencias”, dijo.
Asimismo, aseveró que mediante la ley del 911, 140-13 se aplicarán multas a las personas que le den un uso indebido a este servicio.
“Hemos identificado también los artículos 338 del código penal dominicano, modificado por la ley 24-97 que establece penas de seis meses a un año para las llamadas molestosas”, apuntó.
Domínguez Brito añadió también que mediante la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, en el artículo 11, establece el delito de sabotaje, con penas de tres meses a dos años de prisión y multas desde tres a 500 veces el salario mínimo.
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