La Procuraduría General de la República destruyó más de 2,000 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, incautadas en operativos realizados a nivel nacional.
El procurador Francisco Domínguez Brito y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, coincidieron en la necesidad de que se regule el porte y tenencia de las armas fuego.
Durante la actividad de destrucción de las armas, realizada frente al Monumento a la Paz y la Confraternidad de un Mundo Libre, en el Centro de los Héroes, el jefe de Ministerio Público precisó que de enero a junio de este año, 576 personas han perdido la vida víctimas de las armas de fuego.
Las armas destruidas
Pistolas, revólveres, rifles, escopetas, ametralladoras, carabinas, fusiles, arcos de lanzar flechas, machetes, puñales y punzones, entre otras.
Entra las armas se encontraba el fusil con el que fue asesinado el periodista Orlando Martínez en el año 1975.
Con los restos se levantará el “Monumento por la Paz”, que será confeccionado por José Ignacio Morales, “El Artístico”.
El comunicador Jordi Veras, víctima de la delincuencia, al dirigirse a los presentes pidió a todos los sectores de la sociedad que se unan a la lucha contra la criminalidad. Al acto también asistieron el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, entre otros funcionarios e invitados especiales.
La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) planteó su oposición a que la población sea despojada de armas de fuego, como se anuncia en virtud del Plan Nacional de Desarme a la población civil.
Los abogados expusieron que de materializarse el desarme de la población como se ha propuesto, a cuyos fines se inició un ciclo de talleres, se estaría colocando a los ciudadanos de trabajo en manos de los delincuentes.
CONA afirmó que constituye un absurdo, el hecho de que ante la alegada ineficacia e incompetencia de los órganos garantes de la paz ciudadana, se pretenda desarmar a la población para esté totalmente a merced de la delincuencia.
“En virtud de que el referido plan sería eventualmente ejecutado por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, nos gustaría que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y el Jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, le dijeran a la población quién desarmará a los delincuentes comunes que han tomado al país de rehén”, se preguntó el presidente de CONA Yuniol Ramírez Ferreras.
“Pero dichos funcionarios deben decirnos también, cómo pretenden controlar a los policías delincuentes que constantemente y en nombre de la Ley incurren en crímenes y delitos, a esos no hay forma alguna de desarmarlos ni de controlarlos, ya que tienen licencia para asaltar y matar”, dijo el presidente de CONA.
“Desarmar a la población civil sería dejar totalmente desprotegida a la ciudadanía, dado que el tráfico de armas por parte de los delincuentes vía la frontera es incontrolable, y que en cada asalto perpetrado participa en el mejor de los casos un agente policial”, afirmó Ramírez.
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