El informe plantea que se necesitan políticas públicas por parte de los ministerios de Salud y Trabajo, ya que la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) no es suficiente para dar respuesta a la labor de prevención y control de accidentes laborales en el país.
“La no existencia de registros oficiales sobre la cantidad de empresas que cuentan con programas formales de seguridad y salud en el trabajo, y el amplio subrregistro con casos de accidentes y enfermedades laborales reportados a la ARLSS, hacen que la gestión de la prevención y el reporte de accidentes laborales requiera la intervención de las políticas públicas de salud a través de los ministerios de Salud y Trabajo, y no de manera exclusiva por la ARLSS”, advierte el documento.
“Una mirada al Seguro de Riesgo Laboral” es la segunda parte de una serie de trabajos sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, esta vez a cargo de Juan Pérez Osorio, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del OPD.
La investigación precisa que al mes de agosto de 2014, 1,596,838 empleados permanecían afiliados en 63,575 empresas activas en la Tesorería de la Seguridad Social y que comparando esa cantidad con la población de ocupados perceptores de ingresos, que asciende a unos 4,091,454, se verifica que aún existe una alta proporción de personas ocupadas fuera de la seguridad social y del aseguramiento en riesgos laborales.
“De modo similar, cuando se hace un comparativo de la afiliación al SRL en relación con la población ocupada en el sector formal, se percibe que solo el 85.2 % de los trabajadores formales está afiliado al SRL”, añade el documento.
Pérez Osorio destaca además los principales retos que enfrenta el SRL: “Aumentar la cobertura, disminuir los niveles de sub notificación de los accidentes y enfermedades ocupacionales reportadas a la ARLSS, y mejorar la gestión preventiva y educativa”.
“Para aumentar la cobertura e incluir en el régimen de protección de riesgos laborales a una mayor parte de los trabajadores ocupados es necesario reducir los niveles de informalidad laboral”, explica la investigación.
También resalta que para disminuir los niveles de sub registro en los reportes de casos a la ARLSS, lo más recomendable sería extender los programas de promoción, orientación y educación tanto a trabajadores como a empleadores, y de forma más llamativa a los empleados públicos, a fin de ir cambiando la cultura de no reclamo y hacer que los empleados sean más conscientes de su derecho a procurar los beneficios que brinda este seguro. Esto contribuiría a mejorar la gestión preventiva y educativa a la vez.
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