Rafael Alcántara Casado y Laura Bautista Rojas y Santos Rodríguez Santos, conforman el grupo criminal dedicado "a la trata de personas", de mujeres provenientes de Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, España, Brasil, Ucrania y de la República de Belarús. Las mujeres permanecían en una casa ubicada en la calle Belisario Curie, sector Los Restauradores del Distrito Nacional, desde donde eran llevadas diariamente al Doll House a realizar bailes eróticos y sostener relaciones sexuales con los clientes.
Se les acusa, además, de porte y tenencia ilegal de arma de fuego debido a que Rafael Alcántara tenía en su poder y suministraba a sus empleados armas para mantener el control de las propiedades y dominio del grupo.
Para realizar la investigación, el Ministerio Público recibió desde el 15 de abril de 2016 autorizaciones del juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para hacer interceptaciones telefónicas de los imputados e infiltrar dos agentes al lugar.
Las mujeres no eran quienes recibían el dinero, sino que los pagos se hacían con tarjeta de crédito internacional y los fondos se dirigían a una cuenta que Alcántara Casado tiene en los Estados Unidos.
La procuraduría Especializada contra la Trata y el Tráfico dijo que las mujeres exponían sus órganos genitales y sostenían encuentros sexuales con los clientes “a cambio de que el negocio pudiera cobrar estos servicios directamente a los clientes y lucrarse, dejando a las víctimas incluso con 0 beneficios, ya que les cobran además de pasaje elevado en su costo, multas, pagos de comida, entre otros”.
Describen que los imputados aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de sus víctimas han recurrido en ocasiones al engaño y la violencia con el fin de obtener beneficios económicos. Las extranjeras pueden salir a plazas y otros lugares pero bajo mucha vigilancia.
Bautista Rojas, quien es la encargada de la administración del Doll House, presuntamente coordinaba con el propietario del negocio la captación de las mujeres, compra de boletos, transporte, contratación, imposición de multas, así como la realización de pagos y descuentos por concepto de una deuda que les hacían asumir.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Terrorismo que las acciones ilícitas ha permitido a su propietario adquirir bienes tales como villas, vehículos de motor de alta gama, embarcaciones marítimas, entre otros que no puede justificar.
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