A partir de febrero de 2025, España implementará una nueva normativa sobre la adjudicación y mantenimiento de la nacionalidad española que podría resultar en la pérdida de este derecho para ciertos ciudadanos. Las modificaciones, anunciadas por el Ministerio de Justicia, apuntan a reforzar los controles y asegurar que quienes posean la nacionalidad cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Las resoluciones negativas se dirigirán principalmente a ciudadanos que no sean de origen español, es decir, aquellos que adquirieron la nacionalidad por residencia o por otros mecanismos legales, y que incurran en algunas de las situaciones contempladas en la reforma.
Según la normativa, los ciudadanos podrían perder la nacionalidad española si:
Mantienen su nacionalidad original: Haber adquirido la nacionalidad española y, posteriormente, utilizar durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que renunciaron para obtener la española.
Ejercen cargos prohibidos en el extranjero: Entrar voluntariamente al servicio de las armas o desempeñar cargos políticos en otro país, en contravención con las disposiciones del Gobierno español.
Fraude en la adquisición de la nacionalidad: Si una sentencia judicial determina que hubo falsedad, ocultación o fraude durante el proceso de obtención de la nacionalidad.
Estas disposiciones no afectarán a quienes posean la nacionalidad española de origen, ya que esta no puede ser revocada bajo ninguna circunstancia.
En caso de perder la nacionalidad, existe la posibilidad de recuperarla, aunque el proceso implica el cumplimiento de ciertos requisitos:
Residencia legal en España: Este requisito no aplica a emigrantes o a hijos de emigrantes. Además, el Ministro de Justicia puede dispensar este requerimiento en casos excepcionales, como actividades benéficas en favor de intereses españoles.
Declaración de voluntad: La persona interesada debe manifestar su intención de recuperar la nacionalidad ante el Encargado del Registro Civil.
Inscripción en el Registro Civil: La recuperación debe ser formalizada mediante la inscripción en el Registro Civil del domicilio del solicitante.
Esta medida tiene como objetivo reforzar el control sobre la concesión de la nacionalidad y garantizar que los beneficiarios cumplan con los compromisos asociados a ella. Sin embargo, también ha generado inquietud entre las comunidades migrantes y los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad por residencia.
Diversas organizaciones han señalado la necesidad de asegurar que el proceso de revisión sea justo y transparente, evitando la discriminación o el impacto negativo en quienes han hecho una vida en España bajo este estatus.
La pérdida de la nacionalidad española podría tener consecuencias significativas para los afectados, incluyendo restricciones en derechos civiles, laborales y de movilidad dentro de la Unión Europea. Por ello, se recomienda a quienes se encuentren en situaciones potencialmente conflictivas que revisen su estatus legal y consulten con un abogado especializado.
Además, esta reforma se enmarca en una serie de cambios más amplios en las políticas migratorias y de ciudadanía en España, incluyendo nuevas formas de acceso a la nacionalidad, como las oportunidades previstas para descendientes de españoles sin vínculos directos, que se activarán en mayo de 2025.
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