El gobierno de Haití expresó esperanza de que las autoridades dominicanas tomen en cuenta la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó una sentencia del Tribunal Constitucional, TC, sobre el derecho a la nacionalidad en República Dominicana, y que supuestamente afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.El canciller haitiano Duly Brutus, en una rueda de prensa realizada el viernes en la oficina del primer ministro Laurent Lamothe, pidió evitar que se haga “de éste un asunto bilateral” ya que las personas afectadas por la medida “son dominicanos”.
El jefe de la diplomacia haitiana dijo que, por su calidad, se trata de un asunto que “interpela a los organismos internacionales y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos”.
El TC falló contra la permanencia de República Dominicana en la CIDH, al considerar que el instrumento de aceptación de la competencia de ese organismo suscrito en febrero de 1999 por el entonces presidente dominicano Leonel Fernández, no fue ratificado por el Congreso de la República.
La sentencia se dio a conocer días después de que la Corte exigió al Estado dominicano que acate un reciente fallo del organismo concerniente a supuestas “expulsiones sumarias” ejecutadas en el país hace quince años en perjuicio de dominicanos de ascendencia haitiana, pero el gobierno dominicano desoyó el llamado.
La CIDH reclamó además al gobierno dominicano que evite los alcances de la sentencia 168-13 del TC sobre la nacionalidad y los de la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el país e inscritas de forma irregular, y de naturalización.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) también condenó esta semana la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, al señalar que ésta “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos” jurídicos.
Brutus participó el pasado viernes en una reunión encabezada por el presidente haitiano Michel Martelly para analizar la situación de la diáspora haitiana en varios países de la región, incluyendo en las Bahamas, cuyo gobierno aplica una nueva norma migratoria que afecta a la comunidad haitiana según organizaciones internacionales.
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